lunes, 2 de junio de 2008

El problema de la «Justicia»


El impresionante atasco que sufre nuestra administración de Justicia, intensificado por la reciente huelga de sus funcionarios, ha suscitado un enorme debate sobre las posibles soluciones y culpables. Unos dicen que son los funcionarios, más atentos a protestar que a realizar bien sus tareas; algunos que los jueces, más preocupados por su estatus que por realizar eficazmente su profesión; muchos que lo obsoleto del sistema, que funciona como un archipiélago sin conexión entre sus islas y, en plena era de las tecnologías informáticas, sin sistemas informáticos de gestión procesal que ayuden a coordinar los procedimientos; otros que la carencia de plazas de jueces y magistrados, cuyo aumento está trabado por sus propias asociaciones, por temor a ver reducido su salario.
Yo estoy de acuerdo con todos, pero en mi opinión el mayor culpable es nuestra cultura y forma de ser. Por una parte, los ciudadanos, quienes sufrimos las consecuencias, tenemos lo que nos merecemos por nuestro pusilánime conformismo. Por otra, la negligencia y falta de respeto es palpable por doquier; en relación con el asunto que nos ocupa, no hay más que ver el caso de los informes judiciales aparecidos en contenedores de basura en cinco ciudades diferentes, incluyendo datos de menores detenidos o de mujeres que denuncian malos tratos, con los nombres de las víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, declaraciones, domicilios, etc. Cada día es más patente la irresponsabilidad y falta de profesionalidad en todos los ámbitos; en el caso de la Justicia en concreto, anteponiéndose principios personales subjetivos y dudosos al sentido común y a la aplicación no arbitraria de la Ley: un padre detenido por hurto tras llevar a comisaría como prueba el teléfono con el que se había grabado la agresión a su hijo en el colegio; un acusado de violencia doméstica absuelto porque durante el juicio «la forma de vestir de la víctima demostraba una conducta que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones« (fallo calificado de «correcto» y «motivado» por la vocalía del CGPJ y la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica); un hombre acusado de degollar a su mujer puesto en libertad sin fianza porque «no hay riesgo de reincidencia»; un padre divorciado instado a «intensificar su trabajo y obtener más ingresos» para que sus hijos «no pierdan el confort», por tener en su casa los mismos juguetes que en la de la madre, al considerar que durante las horas que pasan con él puede ser «perturbador de su reposo»; una enfermera gravemente lesionada en el transcurso de su trabajo por un enfermo mental a la que se niega la indemnización porque «el personal sanitario que ejerce como servidor público ha asumido voluntariamente los riesgos inherentes, que tiene el deber jurídico de soportar»; un juez que no considera ensañamiento que el acusado aseste 37 puñaladas a su esposa, por ser mortales de necesidad las cinco primeras.
Y, como corolario, el caso Mari Luz, en el que se han producido errores tan esperpénticos y graves que han conseguido hacer reaccionar a la impasible opinión pública. El principal acusado por el asesinato de la niña tenía diferentes penas pendientes de cumplir, pero no llegó a ingresar en prisión por ninguna de ellas, con lo que siempre acudía a juicio como si no fuese un pederasta reincidente. Durante un tiempo, incluso compareció quincenalmente en un juzgado estando en busca y captura por parte de otro situado en el mismo edificio, sin ser detenido ni saltar ninguna alarma. Es tal la desidia, y el atasco y obsolescencia del sistema, que es imposible comprobar si un imputado tiene causas pendientes o sanciones sin cumplir. Un juez puede dictar una sentencia y quedarse ésta sin cumplir por no realizar un mínimo seguimiento de su labor (o porque un funcionario se rompe una pierna y nadie más da curso a una orden de encarcelamiento).
Lamentablemente, al igual que todos los demás casos mencionados (y la infinidad de los no mencionados), Mari Luz será olvidada dentro de poco, en cuanto los medios de comunicación y los políticos hablen de otra cosa; no vaya a ser que para solucionar los problemas de la Justicia haya que ponerse a trabajar y a alguno le vaya a sentar mal su impepinable media hora (como mínimo) del café.

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