miércoles, 12 de noviembre de 2008

Derecho a la intimidad


Últimamente hemos asistido a la solicitud que Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, ha presentado para que los medios de comunicación «se abstengan de captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir imágenes o instantáneas suyas o de su pareja», así como para que se lleve a cabo la adopción de medidas cautelares por vulneración del derecho a la propia imagen. Sin embargo, ha sido desestimada por considerarse que «quien entra voluntariamente en la escena pública no puede pretender ser una persona con derecho al anonimato».
Aunque no recuerdo cuándo esta señora entró «voluntariamente» en la escena pública, una cosa es ser un personaje público y tener que resignarse a que se hable de uno en los medios de comunicación, conceder entrevistas, ser fotografiado en actos públicos, etc. y otra muy diferente ser perseguido a todas horas del día por individuos agazapados a la puerta del domicilio o siguiéndote dondequiera que vayas con preguntas impertinentes y sobre tu vida privada, o incluso lanzando especulaciones morbosas o inventando acusaciones provocadoras. Por mucho que se trate de un personaje público, sigue teniendo derecho a su intimidad, y los medios de comunicación deben limitarse a informar sobre el ámbito público o profesional, salvo que el interesado considere apropiado comentar o desvelar algún aspecto de su vida privada.
El problema en este país es que, de hecho aunque no derecho, por encima de la Constitución y de cualquier ley, está el sacrosanto derecho de la prensa «del corazón» a lo que ellos llaman «derecho a informar» y «la gente necesita o quiere saber», sin tener en cuenta que su derecho termina en el mismo lugar donde comienza el de la intimidad de las personas. La «prensa rosa» afirma que cualquier medida que les impida asediar a quien no lo desee supondría «un acto de censura previa» que, efectivamente, está expresamente prohibido por la Constitución; lo que no está prohibido en ningún lado, por otra parte, es el sentido común, es decir, que sean ellos mismos los que ejerzan un acto de autocensura previa basado en la responsabilidad, el respeto y un adecuado filtrado de noticias que impida que la basura llegue a emitirse, en vez de llegar a las manos entre fotógrafos por conseguir una imagen de la familia merendando (¡apasionante!), crear plataformas en contra de Telma Ortiz o, con modos poco menos que mafiosos, recomendarla que «abandone España si se siente acosada» (Ágata Ruiz de la Prada).
Según el director de la publicación US Weekly, «si cobras veinte millones por una película tienes que aceptar el hecho de que eres un bien público». No sé si con este extraño razonamiento se referirá a que el hecho de ganar enormes cantidades de dinero (imagino que porque el rédito al que lo pague será aún mayor —nadie da duros a pesetas—) da derecho a la prensa sensacionalista a disparar la alarma de incendios en un restaurante donde se encuentra un personaje famoso para obligarle a salir corriendo y poder fotografiarle, o chocar adrede con el coche de una actriz para obligarla a bajarse y tener la oportunidad de interrogarla.

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