martes, 23 de diciembre de 2008

El futuro de nuestra Sanidad



La descentralización centrífuga que padecemos ha provocado la aparición de 17 sistemas sanitarios diferentes sin coordinación alguna entre sí, con un desequilibrio total entre la oferta y la demanda que no permite la completa cobertura de algunas especialidades. Con la excusa de «acercar la Administración al ciudadano», estamos permitiendo la creación de unos reinos de taifas pésimamente gestionados, en los que se dan casos esperpénticos como el de Cataluña, donde se prefiere contratar a traductores que acompañen a los médicos antes que cometer el sacrilegio de utilizar el castellano en las consultas y partes médicos (una cosa es que se exija conocer la lengua cooficial en la comunidad, y otra muy diferente dar más importancia al idioma que al servicio sanitario).



El caso más despiadado es el de Madrid, famosa por no proporcionar datos al Ministerio de Sanidad sobre sus listas de espera, aduciendo que no las hay; por su acumulación de irregularidades y malas prácticas; por sus colapsados ambulatorios, con colas que salen del edificio porque es imposible pedir una cita de atención primaria por teléfono, lo cual también origina la congestión de las urgencias, donde muchos se ven obligados a acudir directamente para no tener que esperar una semana como mínimo (y hasta seis meses) a que les atienda su médico de cabecera (que «sólo» tiene 40 consultas al día, con el consiguiente descenso de la calidad asistencial, aumento en las prescripciones y, lógicamente, también de errores clínicos). En esta comunidad, quien quiera pedir cita para una especialidad, haya tenido una rotura y quiera revisarla o acudir a rehabilitación, o desee llevar a cabo las revisiones ginecológicas periódicas (como recomiendan las propias campañas sanitarias para prevenir los cánceres de mama o de cuello de útero), que se arme de paciencia o se vaya a la privada, que es al fin y al cabo el objetivo del gobierno de esta autonomía (y el que no se lo pueda costear que se muera, por pobre, por cutre y por ordinario).


Muchos de los nuevos hospitales que se están construyendo en nuestro país son «públicos de gestión privada», también denominados «de financiación mixta» (cuando Esperanza Aguirre, capitán general de los ejércitos privatizadores de tierra, agua —Canal de Isabel II— y hasta de aire —dando prioridad a la construcción de un campo de golf urbano para reducir el Parque de Santander en Chamberí a la mínima expresión— se vanagloria de «su» construcción de ocho nuevos hospitales, está hablando de esta privatización encubierta: aumentan los hospitales, pero se reduce el número de camas públicas, que ya han descendido hasta casi el 50 %). Estos proyectos responden más a la preocupación del sector privado para proteger su margen de beneficios controlando los costes que a las necesidades de los pacientes, que se ven hacinados en habitaciones minúsculas. Para colmo, su coste es cinco veces superior al de un hospital público, y eso teniendo en cuenta sólo el corto plazo, y sin mencionar los intereses que se abonan a las constructoras, que nunca van a perder un duro, pues los contratos incluyen una cláusula de rescate por parte de la Administración si el hospital tiene pérdidas. Y además de la privatización de los nuevos hospitales, también se está privatizando la atención primaria, con plantas y consultas privadas y médicos contratados de manera privada en varios centros de salud.




Si nos remontamos a más largo plazo, no tenemos más que fijarnos en el caso del Reino Unido, nuestro predecesor en semejante aberración (con costes finales un 72 % superiores a los previstos —aquí seguro que lo superamos sin proponérnoslo—), donde ya se ha demostrado lo desastroso de tal «modelo» de gestión (cuyo promotor admite sin ningún problema haberse basado en McDonalds), con el agravante de los casos de corrupción (también fácilmente superables gracias a nuestra gran experiencia en ese campo): médicos de atención primaria inflaban sus listas con hasta dos millones de pacientes inexistentes para obtener más dinero, puesto que se les había encomendado la labor de maximizar sus ingresos para asumir de manera independiente la compra de servicios de cirugía, tratamientos, pruebas diagnósticas o terapéuticas, cuidados de enfermería domiciliaria o atención hospitalaria para pacientes crónicos.




Otros problemas del modelo, aprobado en 1989 y abolido diez años después, consistían en diferencias de trato, rechazos de pacientes nuevos que implicaran costes demasiado altos, enfoque al coste y no a la calidad asistencial, aumentos significativos del número de pacientes por profesional, reducción de gastos de limpieza (privatizada, por supuesto, consiguiendo la tasa de infecciones hospitalarias más alta de la UE), todo ello con el consiguiente deterioro en la calidad de los cuidados (tasas de mortalidad más altas, mayores errores médicos, ocultación de datos sanitarios); es decir: ganan las empresas, pierden los pacientes y trabajadores (lo de siempre). No hay más que ver dónde vienen a operarse actualmente los súbditos británicos; aunque, desde ese punto de vista, puede que todo sea una estratagema para que dejen de venir cuando vean que nos hemos rebajado a su nivel.



Como si no fuera con ellos, en 1997 el PSOE (no sé a qué esperan para dejar de hacer el ridículo y despojarse de la «S» de «Socialista» y la «O» de «Obrero») votó a favor de la Ley de Nuevas Formas de Gestión, que permite la entrada de empresas lucrativas en el sector sanitario.



Una vez abierta la veda, Cataluña y Valencia, de manera totalmente irresponsable, implantaron «el mismo perro con otro collar», es decir, que aplicaron la misma calamidad pero con otros nombres rimbombantes: «Entidades de Base Asociativa» o EBAS, que los acrónimos siempre quedan muy bien (los hospitales pasaban a ser sociedades limitadas, y sus empleados accionistas), «Centros de Salud Gestionados por Entidades Ajenas» (ajenas al bienestar de los ciudadanos, se sobreentiende, puesto que utilizan recursos públicos para prestar —y cobrar— actividades privadas no incluidas en el sistema público, en detrimento de actividades preventivas menos rentables), o «Concesiones Administrativas» (literalmente, cesión de centros de salud y plantillas públicas a hospitales privados lucrativos, con agresivos sistemas de incentivos para reducir pruebas, tratamientos, ingresos hospitalarios desde urgencias, o derivaciones a atención especializada, ya de por sí limitada con respecto a los hospitales públicos, así como aumentar las intervenciones fuera de quirófano o las altas prematuras).



La consecuencia, a modo de ejemplo, es la siguiente: un médico prescribe un servicio de atención especializada, el inspector dirige al paciente a un centro concertado (gestión privada), donde le dicen que ha de esperar varios meses, salvo si pertenece a una mutua, con lo que la espera se reduciría a unas semanas, o si abona el servicio al contado, con lo que se llevaría a cabo en el día. Es decir, ciudadanos de primera, con suficiente poder adquisitivo como para poder costearse el servicio sanitario «a tocateja», ciudadanos de segunda que disfruten de algún seguro privado, y «escoria», auténticos parásitos de la sociedad, chupópteros de nuestra Seguridad Social.



Como remate, tenemos el caso de las «entidades colaboradoras», empresas privadas financiadas con dinero público para que ejercieran como sustitutas del Sistema Nacional de Salud dando asistencia a determinadas empresas. Al desaparecer en 2009 la partida presupuestaria para estas entidades, sindicatos como UGT y CC. OO., desvelando su verdadera faz de burgueses acomodados, se han negado rotundamente a volver a ser atendidos por la Seguridad Social como la vulgar plebe, erigiéndose en adalides del incomprensible afán privatizador de los últimos tiempos. Esta situación me recuerda cada vez más a la mítica película La invasión de los ladrones de cuerpos. Casi puedo oírles exclamando «¡únete a nosotros!» mientras RTVE, BSCH, BBVA y Altadis firmaban la apertura de un concurso para contratar una compañía privada de asistencia sanitaria que les dé cobertura durante dos años por 8,78 millones de euros.


Por este camino, en unos pocos años el Sistema Nacional de Salud será un conglomerado de empresas privadas, funcionando con la menor cantidad de personal y recursos posibles, que dejarán de ofrecer ciertos tratamientos o de realizar algunas intervenciones quirúrgicas si el gasto no les conviene, negando según qué tratamientos a según qué enfermos dependiendo del coste. Es decir, que nos veremos abocados a la catástrofe sanitaria en la que están sumidos los EE. UU., con una nula sanidad pública y cuarenta millones de ciudadanos sin cobertura alguna.





En vista de la situación, no es de extrañar la fuga de talentos. Mientras que en España la profesión médica no es nada respetada, y en algunos casos es hasta despreciada, llegando incluso a la agresión física y verbal, en el extranjero nuestros doctores gozan de mayor consideración (o, simplemente, gozan de alguna consideración), y los pacientes aprecian (y permiten) que se les oriente correctamente.



Entre 2002 y 2006, casi mil profesionales (el 20 por ciento de los que habían completado su formación) tuvieron que emigrar a otros países, y en la actualidad casi diez mil de nuestros doctores se encuentran en el extranjero. Es absurdo y ridículo destinar gran cantidad de medios y esfuerzos a la formación para que finalmente los profesionales tengan que marcharse. Y lo que es aún más sangrante: debido a la deficiente gestión del sistema, unos especialistas hacen las maletas mientras que en otros campos es preciso traer a extranjeros que, a su vez, al disfrutar de un visado de estudiante que caduca al acabar el MIR, deben regresar a su país si no obtienen un contrato al terminarlo. Más medios y esfuerzos desperdiciados.

jueves, 11 de diciembre de 2008

Lo que se nos avecina


Según un artículo de D. Carlos Manuel Sánchez en XL Semanal (2 de noviembre), Islandia ha pasado en pocos meses de ser un país modélico por su nivel de vida a ser reos de la ley antiterrorista británica por su insolvencia bancaria. Más adelante, intenta tranquilizarnos con algunos datos, como la Bolsa (la islandesa se desplomó un 77 por ciento en un solo día, mientras que el Ibex español perdió un 9 por ciento en su peor jornada) o la inflación (14 por ciento en Islandia contra un 4,5 en España), y afirmando que el caso español es muy distinto puesto que nuestros depósitos están garantizados y el Banco de España tiene reservas suficientes para dar liquidez.
Sin embargo, se olvida de otros datos, que sí señala Eduardo Punset en una de sus columnas unos días más tarde: la tasa de paro (la española es la mayor de los países europeos), la competitividad (cada día menor), la dependencia energética o la parálisis del sector inmobiliario.
Por otra parte, según ese mismo reportaje, en Islandia «se trabaja duro», cosa que no es tan común en España (me refiero trabajar, no a calentar la silla o pasar a formar parte del mobiliario junto con la máquina de café). Además, por seguir con las comparaciones entre ambas sociedades, el nivel de delincuencia en España no permitiría que los padres dejaran a sus bebés solos en los carricoches sin miedo a que les ocurriera algo malo, ni que la policía no llevase armas. España no es un país demasiado culto, y no creo que nadie discuta el hecho de que tampoco es nada limpio ni tranquilo.
Aunque sí tenemos algunas cosas en común (con Islandia y con la mayoría del mundo occidental): aquí también dejamos los grifos abiertos y las luces encendidas (con la salvedad de que los 320 000 islandeses tienen agua para abastecer a 600 millones y les sobra la electricidad, cosa que no ocurre en España), el aburguesamiento de la sociedad (el último chiste que circula por la Universidad de Reikiavik —«La economía va fatal. Lo mismo tenemos que vender el tercer coche»— también sería tristemente aplicable en nuestro país), el nivel de endeudamiento (España está mucho peor situada que el promedio europeo en este contexto), la avaricia, la superficialidad, el consumismo y la absurda obsesión por aparentar y por equipararnos con el vecino.
Me quedo con las declaraciones de Johanna Hardard Hlesey: «Quizá salga algo bueno de todo esto. Quizá el materialismo tenga sus días contados y nos centremos en las pequeñas cosas de la vida, las que realmente importan.»