martes, 9 de junio de 2009

¿Crisis u oportunidad? – 4. ¿Entonces, qué hacemos?

La única solución, aunque suponga un completo anatema para los zombis neoliberalistas, pasa por el desmantelamiento del actual sistema financiero, que ya ha tenido su oportunidad para demostrar sus cualidades: ineficiente, económicamente inestable y nocivo para el bienestar general. Para todo aquel que no lleve orejeras, es evidente que dejar a los mercados sin regulación lleva a resultados desastrosos, ya que el sistema financiero sólo gira sobre sí mismo y el crecimiento económico provoca daños a la naturaleza, no siempre lleva aparejada la cohesión social, y propicia un modo de vida esclavo de los bienes materiales.




De esta manera, se hacen necesarias varias medidas:
1. Lo primero de todo, hacernos a la idea de que no podemos resolver un problema con la misma manera de pensar que lo ha creado. Debemos dejar de poner el progreso individual por encima del colectivo, plantearnos si preferimos mantener el beneficio capitalista para unos pocos o recuperar una vida digna para todos, si queremos continuar con la farsa del crecimiento basado en el crédito, el endeudamiento y el expolio a la naturaleza o dejar de una vez de lado nuestro egoísmo endémico, que nos lleva a situaciones absurdas como los miles de pisos vacíos, los millones de objetos abandonados, las toneladas de comida tirada, la energía mal utilizada, los coches con un solo ocupante o las tierras sin cultivar (mientras miles de personas están a la espera de que alguien vuelva a darles un trabajo, gran cantidad de tierras permanecen abandonadas, cuando para cultivarlas sólo haría falta el tiempo que a mucha gente desafortunadamente le sobra).
2. Tributación progresiva. Restablecer el valor social de los impuestos como mecanismo de redistribución de la renta: permitir que los beneficios financieros sean mucho más elevados que los que pueden conseguirse en la economía real supone un incentivo claro para la especulación y la asunción de riesgos excesivos. Una legislación fiscal más equitativa acabaría con ese estímulo y con la desconexión existente entre la hiperactiva economía financiera y la estancada economía real, la que se corresponde con el día a día de la gente de la calle, con los millones de personas de todo el mundo que se levantan cada día a las seis de la mañana para ganarse la vida y luego pagan con su pellejo, sus ahorros y su puesto de trabajo la estulticia de quienes juegan con la economía internacional y especulan con el dinero de otros.




Uno de los puntos en común de la actual crisis con la de 1929, totalmente obviado por los medios de comunicación, es la enorme polarización en la distribución de las rentas. Desde los años ochenta, hemos visto un gran crecimiento de las rentas del capital a costa de una disminución de las rentas del trabajo, alcanzándose una concentración sin precedentes en los sectores más pudientes de las sociedades avanzadas, con una disminución del porcentaje de la masa salarial sobre la renta nacional (a pesar de que el número de trabajadores ha aumentado). Esta situación es el resultado de la revolución neoliberal (iniciada por Reagan y Thatcher) y sus políticas públicas liberales (bajadas de impuestos para las rentas superiores, aumento de la regresividad fiscal, desregulación de los mercados de trabajo, descenso de la cobertura de derechos sociales y laborales, etc.) que han acentuado las enormes desigualdades de renta, alcanzando niveles sin precedentes a ambos lados del Atlántico, acentuándose todavía más en los últimos años.
En los países de la eurozona, las rentas del trabajo han pasado de representar el 70% de la renta nacional en 1992, al 62% en 2005 (en España, en el mismo periodo, del 72% al 61%). El periodo neoliberal trajo una gran bonanza para el mundo empresarial (sobre todo para el mundo financiero), que vio crecer sus beneficios un 33% en la UE-15 durante el periodo 1999-2005 (un 73% en España, más del doble que el promedio de la UE-15). Los costes laborales, sin embargo, crecieron sólo un 18% (un 3,7% en España, la quinta parte del promedio de la UE-15). Como consecuencia de la polarización de las rentas y el descenso de las del trabajo, ha disminuido la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, y por ende la demanda, con el consiguiente endeudamiento de las clases populares.
Sin embargo, mientras que las semejanzas en el origen de la crisis son muy notables a ambos lados del Atlántico, las respuestas son muy diferentes. En EE.UU. ya están respondiendo con medidas similares, aunque menos intensas, a las que desarrolló Franklin D. Roosevelt en el “New Deal”: aumento notable del gasto público en inversiones y servicios públicos (sobre todo sanidad), financiándolo con un incremento en los impuestos de los sectores más pudientes (que ya se han beneficiado enormemente de las políticas liberales) y permitiendo un crecimiento del déficit federal hasta el 12% del PIB, además de un reforzamiento de los sindicatos para aumentar los salarios, un elemento clave de la recuperación de la demanda. Es decir, que mientras en EE.UU. se dan cuenta de sus errores e intentan corregirlos, aquí nos regodeamos con ellos, dando más y más escaños a la extrema derecha en las elecciones europeas y privatizando más y más servicios públicos para ahondar en su precariedad.
La sociedad y los dirigentes políticos deben entender que una distribución más equitativa de la renta es un tema fundamental de la política económica para conseguir una sociedad mejor. De lo contrario, con una economía liberal sin límites, caeríamos en la ley del más fuerte, en la cual sólo ganan unos pocos y perdemos casi todos. A todos nos iría mucho mejor si se tuviera un nivel mínimo de bienestar, incluso a los más ricos.
3. Implantación de la Tasa Tobin: supondría un impuesto de bajo porcentaje a los cientos de miles de millones de dólares de transacciones financieras que se realizan cada día, lo cual implicaría desincentivar la especulación con divisas a corto plazo y, al mismo tiempo, incentivar inversiones más productivas a largo plazo. Un impuesto minúsculo podría crear un fondo inmenso que destinar a causas sociales, tales como evitar la propagación de enfermedades o aliviar la pobreza global.
Esto fue propuesto inicialmente en los años setenta por el Premio Nobel James Tobin; no se trataba de un enloquecido izquierdista, sino de un economista convencional empeñado en aminorar los riesgos de la imprevisible burbuja financiera sobre la que reposa el mundo de la globalización.
4. Cambiar la organización actual de la producción y repartir mejor el trabajo: diez años de fuerte crecimiento no han hecho nada por reducir el paro y no han tenido más que un leve impacto (y sólo en un pequeño puñado de países) en la reducción del número de trabajadores que viven en la miseria junto con sus familias. Los beneficios y dividendos empresariales han sido tan enormes que ni siquiera un crecimiento fuerte ha podido crear empleo, de ahí la persistencia del paro. La recesión agrava brutalmente este problema. Pero es ilusorio pensar que, para que todo el mundo tenga trabajo, lo que haya que hacer sea restaurar el crecimiento económico y aumentar cada vez más las cantidades producidas; esta sobreproducción no tiene ningún sentido, no consigue el pleno empleo, y además compromete gravemente las condiciones de supervivencia del planeta. Es necesario utilizar los beneficios obtenidos y revisar las escalas salariales para que todas las personas trabajen moderadamente y tengan un empleo. No es aceptable que algunos empresarios ganen varios centenares o miles de veces más el salario de sus propios trabajadores.
En Estados Unidos, aunque que la renta per cápita se ha triplicado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el porcentaje de ciudadanos que declaran sentirse satisfechos ha venido reduciéndose desde 1960. En 2005, un 49% de los norteamericanos estimaba que la felicidad se hallaba en retroceso, frente a un 26% que consideraba lo contrario. El incremento en la esperanza de vida al nacer registrado en las últimas décadas está tocando a su fin en un escenario lastrado por la obesidad, el estrés, la aparición de nuevas enfermedades y la contaminación.




En los países ricos vivimos por encima de nuestras posibilidades y empiezan a faltar materias primas vitales, por lo que habría que tomar varias medidas: reducir la producción y el consumo para cortar las emisiones que dañan el medioambiente; reorganizar nuestras sociedades sobre la base de otros valores, tales como la vida social, el altruismo y la redistribución de los recursos, frente a la propiedad y al consumo ilimitado; reivindicar el ocio y el reparto de tareas y labores frente al trabajo obsesivo; disminuir las dimensiones de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte para dar prioridad a lo local frente a lo global en un escenario marcado por la sobriedad; cerrar las industrias militares y reducir en la medida de lo posible la actividad de la construcción y de las industrias automovilística y aeronáutica.
De esta manera, podrían reubicarse millones de trabajadores en dos grandes cauces: desarrollo de actividades relacionadas con las necesidades sociales y medioambientales, más un reparto equitativo del trabajo en los sectores económicos tradicionales, con la consiguiente reducción de la jornada laboral y una coherente reducción salarial, siempre y cuando esté justificada, no afecte a las clases más desfavorecidas y no esté destinada a incrementar los beneficios empresariales. El resultado sería una mejora del nivel de vida, con más tiempo de ocio y mejores servicios sociales, todo ello en un entorno más limpio y menos agresivo, una vez que la ciudadanía se haya concienciado que la correa de transmisión que ha llevado la crisis a todo el planeta se llama consumismo y realmente no es necesario derrochar tanto ni mantener un alto nivel de ingresos.




Este decrecimiento no implicaría en ningún caso un deterioro de las condiciones de vida, sino mejoras sustanciales: redistribución de recursos, creación de nuevos sectores, preservación del medioambiente, bienestar de las generaciones futuras, salud de los ciudadanos, mejores condiciones del trabajo asalariado y relaciones sociales más humanas y satisfactorias.




Los integrantes de la parte media-alta de la pirámide son incapaces de renunciar a sus riquezas, puesto que han supeditado su vida a conseguirlas, luego hablarles de cambio, de “tener menos”, significa violentarles y conseguir que te miren con desprecio. Sin embargo, sólo nos quedan dos opciones: comenzar a decrecer voluntaria y racionalmente lo antes posible, o bien hacerlo obligados como consecuencia del inminente hundimiento de la sinrazón económica y social que padecemos.


5. Responsabilidad por el riesgo asumido: cuando los mercados financieros estaban en auge, los especuladores tuvieron enormes beneficios; ahora que se han estrellado, quieren repartir las pérdidas entre todos los contribuyentes, en vez de cubrirlas con aquellos beneficios. Los costes de gestión de la crisis no deben recaer sobre nuestras espaldas, sino ser asumidos por sus responsables, que se han beneficiado de tan fabulosas ganancias y han disfrutado de una enorme libertad de movimientos a sabiendas de que los Estados siempre acaban interviniendo para reparar los daños causados por los propios excesos del sector financiero, con lo que el riesgo es colectivo y se socializa, mientras las ganancias se privatizan. Hay que acabar con los rescates y hacer que los kamikazes corran con el costo de sus especulaciones.




Las cosas funcionan según el tipo de agente que tome parte en el mercado: si es un ciudadano cualquiera, las reglas son inflexibles y se hunde o se salva solo; si, por el contrario, es un consejero de una gran entidad financiera, mimado con retribuciones escandalosas, todo es diferente. Cuando las cuentas iban bien, no había nada que objetar, ni se investigaban posibles fraudes. Si de repente un día se torcían, tampoco pasaba nada; en el peor de los casos, el consejero se iba a su casa con un buen pellizco, y era inconcebible que su entidad pudiera desaparecer por los efectos del mercado, puesto que los trabajos y ahorros de mucha gente dependían de ella, y enseguida se abjuraba de la antigua fe y de las virtudes de la competencia para pedir al gobierno que les salvara de la quema. Eso sí, totalmente prohibido reprender a los responsables: el villano ha sido el mercado, la catástrofe ha sido anónima, no ha habido nadie, ningún sujeto real, que haya concedido hipotecas inverosímiles (que sus obligados, sujetos con ingresos inciertos, jamás van a poder pagar porque el mercado ha dictaminado que las más altas cotas de competitividad se alcanzan con los contratos basura); tampoco ha habido nadie que haya hecho maniobras financieras para incluir tales títulos en paquetes de camuflaje para ser ofrecidos como inversión; y en los consejos de administración tampoco ha habido nadie que se haya enterado de eso; ni ha habido nadie que se haya lanzado a invertir en tales productos o, lo que es peor, que haya colocado en ellos el dinero de sus clientes (como el joven tetrapléjico gallego cuyo dinero fue enviado a Lehman por Bankinter, a pesar de haber indicado expresamente lo contrario, o los miles de inversores del Banco de Santander cuyos ahorros fueron enviados a Lehman y Madoff a través de Banif y Optimal, respectivamente); en los organismos reguladores, no ha habido nadie que advirtiera el peligro. Nada de esto ha sido consecuencia de actos de ambición, negligencia e irresponsabilidad de personas de carne y hueso a las que deba buscarse para pedirles cuentas civiles y penales.
6. Clausura de los Centros Bancarios Extraterritoriales y los paraísos fiscales: el último informe (2007) del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa concluye que el 69% de las compañías que cotizan en el Ibex 35 cuenta con sociedades participadas con domicilio en paraísos fiscales como Andorra, Bahamas, Bermuda, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Marshall, Jersey, Liberia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Panamá, San Marino o Suiza, lo cual supone un aumento considerable en relación al 51% del año 2006. Entre las 24 sociedades pertenecientes a este selecto grupo se encuentran empresas como Altadis, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Prisa, Repsol o Telefónica; y, por supuesto, cinco de las seis principales entidades financieras españolas: BBVA, Banesto, Banco Popular, Banco Sabadell y Banco Santander.




Los paraísos fiscales son decenas y están tolerados, aceptados y bajo el amparo de las viejas potencias coloniales, que inadmisiblemente mantienen el principio de disparidad fiscal, fuente de injusticias y desigualdades, mediante un ejercicio abusivo del principio de soberanía en detrimento de los principios básicos de la convivencia internacional. Exentos de impuestos, actuando al filo de la legislación internacional, con total secretismo fiscal y plagados de empresas domiciliadas pero sin presencia física, son el sitio preferido por quienes poseen dinero negro a espuertas, desde constructores o políticos corruptos a narcotraficantes o grupos terroristas, que quieren vivir en su propio país ocultando dinero negro y sin pagar un euro al Estado. Escondrijos, según datos del FMI, de una cuarta parte de la riqueza privada mundial que, según estimaciones de la ONU, cubriría de sobra los Objetivos del Milenio.
No hay ningún argumento económico razonable a favor de mantener el estatus de estos territorios, auténticas cloacas del sistema y cómplices de este desastre, salvo la necesidad de ocultar activos a las autoridades fiscales por parte de grandes fortunas e inversores, mafias, terroristas, comerciantes de armas o seres humanos, blanqueadores de dinero y demás delincuentes y crimen organizado. Es vital la supresión de los paraísos fiscales, que no ayudan al crecimiento, así como de la evasión fiscal de las grandes empresas en ellos y de los abusos de la banca y los grupos empresariales mediante la masiva utilización de Centros Bancarios Extraterritoriales. La función delictiva de estos regímenes fiscales preferenciales nocivos, caracterizada por la falta de transparencia, la opacidad, las cuentas secretas, las trampas contables y los fraudes financieros, debe ser completamente cerrada, ya que afecta a la ubicación de actividades fiscales y otros servicios, erosiona las bases imponibles de otros países, distorsiona los patrones de comercio e inversión y mina el bienestar global, así como la justicia, neutralidad y aceptación social y confianza de los contribuyentes en los sistemas fiscales en general.
Uno de los más ilustres depositarios de los paraísos fiscales fue el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, quien tuvo el “caso Riggs” entre sus múltiples problemas con la Justicia chilena. El campeón de la lucha contra el comunismo poseía 125 cuentas bancarias fuera de Chile, donde guardaba 27 millones de dólares. Además, con la ayuda de su patrocinador Henry Kissinger, había creado sociedades fantasma mediante nombres falsos en diversos centros extraterritoriales. Hoy en día, tenemos los casos de Silvio Berlusconi con “Mediaset” o el del Deutsche Bank que, junto con 10.000 de sus clientes, fue condenado en 2003 por el Tribunal de Francfort a pagar más de 200 millones de euros por impago de impuestos. Aquí en casa tenemos los casos de los clientes de BNP y Espirito Santo, las cuentas secretas del BBV (su ex presidente, Emilio Ybarra, reconoció la creación de sociedades en Liechtenstein y la Isla de Jersey para operaciones de ingeniería financiera) o Marbella y la especulación urbanística.




Además, tenemos el caso de ETA, que utiliza estos países para blanquear el dinero obtenido de la extorsión, junto al integrismo islámico de Al Qaeda (curiosamente, el origen de este nombre está en la denominación de una base de datos computerizada de los muyahidines apoyados por los EE.UU. en los años ochenta), el narcotráfico de las FARC y los cárteles suramericanos. Es evidente que el primer paso contra el terrorismo sería la clausura de los paraísos fiscales o, al menos, la creación de un registro centralizado de cuentas, depósitos bancarios y activos financieros, así como de un plan para investigar quién está detrás de los fondos depositados a través de los productos fiduciarios que ofrecen las entidades de crédito para captar dinero negro de los clientes a través de la banca privada – servicios especializados y personalizados que los bancos ofrecen a clientes con fortunas personales considerables, consistentes en productos financieros opacos que, ocultando la titularidad de los clientes, provocan la deslocalización de rentas y patrimonios (en el caso de España, la Agencia Tributaria ni siquiera mantiene una actitud vigilante sobre la actividad financiera en los paraísos fiscales).
Las personas que depositan su dinero en los 44 paraísos fiscales existentes dañan a la economía mundial, debido a que sus países de origen dejan de cobrar una importante suma que no puede ser destinada al beneficio social de toda una nación. Sin embargo, si estas mecas del crimen y la delincuencia han conseguido total impunidad para su insolidaridad, avaricia y engaños, ha sido porque los Estados han mirado hacia otro lado y los bancos les han permitido vivir y crecer.
Los Convenios europeos e internacionales contra la evasión fiscal, los delitos financieros y el crimen organizado han venido omitiendo repetidamente cualquier referencia a los paraísos fiscales; como si no existieran. La Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado rechazó el secreto bancario y pidió que se investigaran los movimientos del dinero fruto del delito, pero no hizo la menor mención a los paraísos fiscales. En 1988, el Acuerdo de Basilea sobre la utilización del sistema bancario por el crimen organizado pedía más compromiso y diligencia para impedir que el sistema financiero fuese utilizado ilícitamente, pero nadie nombró a los paraísos fiscales. En abril de 1997, el Consejo de Europa reconocía que la criminalidad organizada utiliza la actividad bancaria para evasión fiscal y blanqueo de capitales, pero nadie señaló a los paraísos fiscales como parte imprescindible de esa trama criminal.
En 2001, el GAFI, un organismo de la OCDE para vigilar los paraísos fiscales, propuso suavizar el trato con los que cumplieran sus “recomendaciones” contra la vulnerabilidad del sistema financiero ante el blanqueo de capitales, retirando de la lista de paraísos fiscales a varios territorios que no han dejado de serlo (Bahamas, Islas Caimán, Liechtenstein, Panamá, República Dominicana, San Vicente y Granadinas, etc.) sólo porque dijeron que seguirían las recomendaciones del GAFI (algo que no hicieron, espoleados por la ausencia total de cualquier mecanismo de presión o control para imponerlas). De esta manera, la OCDE y el GAFI no sólo no impulsan una acción concertada contra los paraísos fiscales, sino que los toleran y los aceptan, favoreciendo que dichos territorios se mantengan fuera del marco legal internacional con absoluta impunidad y que la delincuencia financiera continúe aprovechándose de las deficiencias de un ordenamiento nacional e internacional contemporizador con los paraísos fiscales.
Ahora, con la crisis, todo el mundo está contra los paraísos fiscales. Estados Unidos diseñará un “ambicioso plan” para combatir las “prácticas tributarias dañinas”. No obstante, la mayoría de grandes empresas estadounidenses tiene divisiones o sucursales permanentes en paraísos fiscales. También la Unión Europea pretende neutralizarlos y erradicarlos. Sin embargo, la mayoría de grandes empresas y bancos europeos operan en paraísos fiscales desde hace tiempo; y tampoco hay que olvidar que hay diez de ellos dentro del territorio europeo.




Naturalmente, desde el mundo de los negocios y las finanzas se ha propuesto una amnistía fiscal para fortunas ocultas en estos centros. Mientras, Austria, Luxemburgo y Suiza, paraísos fiscales camuflados, forman un frente para proteger el secreto bancario y pretenden tener voz y voto en la cumbre del G-20 que decidirá el control de las finanzas. Por su parte, llevando a cabo una perversa manipulación bajo la miserable idea de que pagar impuestos es malo o propio de imbéciles, los medios de comunicación siguen denominando “infiernos fiscales” a los países nórdicos de Europa (donde los impuestos a los más ricos son elevados) y “refugios fiscales” a aquellos Estados donde los más ricos esconden sus fortunas para no pagar impuestos.
Debería extenderse el principio de Justicia Universal a las formas más graves de delincuencia financiera que, en el caso de los paraísos fiscales, gozan de espacios de la más absoluta impunidad.
7. Cada institución financiera que haya sido beneficiada por algún plan de rescate o ayuda de cualquier tipo debe automáticamente reducir la carga financiera de las hipotecas que estén a su cargo.
Del mismo modo, hay que evitar a toda costa que ese dinero, que es de todos, vaya a parar en última instancia a manos de los autores de esta crisis que, mirando sólo por su propio beneficio, agradecen nuestra ayuda con injustificados despidos masivos o expedientes de regulación de empleo, mientras millones de personas quedan embargadas por sus deudas.
8. Evitar que la vivienda siga siendo un activo creado para generar beneficio a través de la acumulación y la especulación, y que sus instrumentos de financiación continúen representando la fuente que nutre la actividad de los mercados financieros: garantizar que las viviendas sean lo que deben ser, nunca activos para canalizar el ahorro de los ricos y labrar ganancias especulativas y desincentivar la especulación con bienes sociales básicos.




Mientras millones de personas luchan para poder pagar su hipoteca, miles de viviendas se echan a perder porque sus propietarios no las utilizan y no quieren venderlas ni alquilarlas.
9. Transparencia y control. Regulaciones nacionales y globales del sistema financiero: nadie está rechazando la existencia de la sacrosanta libertad de mercado, sólo recomendando que no se aplique de manera ciega ni como un dogma irrebatible (con lo que se corre el riesgo de que se convierta en impunidad económica), exigiendo que se rindan cuentas a la legislación constitucional y que se promulgue una ley de responsabilidad social corporativa que acabe con ciertos abusos y proteja a los ciudadanos frente a la actividad fraudulenta de los sujetos más relevantes de la actividad económica, especialmente en relación con el capitalismo financiero y el mercado de capitales.
Estas propuestas han venido rechazándose por razones puramente ideológicas, nunca prácticas, y ello a pesar de la desestabilización a gran escala y de las prescripciones constitucionales que establecen las condiciones que toda empresa debe cumplir: función social (aunque se trate de una empresa privada), redistribución de la riqueza (“promover el progreso de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”) e igualdad de todos los ciudadanos (“la riqueza del país ha de revertir en el interés general, garantizando un orden económico y social justo”).
A los bancos centrales corresponde vigilar la situación del negocio bancario, advertir del riesgo y prevenir de sus consecuencias. Para ello disponen de medios y poder suficiente, siempre que estén dispuestos a hacerlo. Sin embargo, han preferido avivar y consentir la crisis hipotecaria. Pese a las advertencias del riesgo acumulado en los fondos de inversión especulativos, del peligro global que llevaba consigo y de la necesidad de regularlos para dotar de mayor seguridad a la economía mundial, han preferido convertirse en uno de los principales factores responsables de la crisis, haciendo la vista gorda ante el aberrante comportamiento del mercado hipotecario, mostrando su indiferencia ante el sufrimiento económico que los bancos imponen a millones de familias y permitiendo que la banca actuara con plena libertad para imponer condiciones draconianas en préstamos y créditos; con su ceguera, han sido cómplices del deterioro de la solvencia, génesis de la crisis hipotecaria.
Debe limitarse el mundo financiero, que es meramente especulativo y no productivo, así como garantizar la honradez de las transacciones financieras y limitar la simple especulación.
Sin control, los bancos juegan al riesgo excesivo, al préstamo basura un día y a no prestar al siguiente, los ayuntamientos avalan recalificaciones, los consumidores se endeudan más allá de lo razonable y se llega a un punto en el que el tren de la actividad económica da un brusco frenazo, crece la desconfianza, decaen las transacciones, disminuye la inversión, escasean los préstamos, cierran las empresas, aumenta el desempleo y crece el sufrimiento.
La ausencia de regulación y la falta de supervisión permiten excesos como el de las indemnizaciones millonarias del Banco de Santander (pensiones anuales de jubilación de siete millones de euros o indemnizaciones por cese de 56 millones de euros, justificadas por el Tribunal Supremo por la “absoluta libertad de mercado”) y sus famosas “cesiones de crédito” (cuyo principal reclamo era su opacidad fiscal, lo cual las convertía en un producto ideal para el blanqueo de dinero, generándose un fraude de más de ochenta millones de euros – sin embargo, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno y la Audiencia Nacional pactaron impedir la celebración del juicio contra Emilio Botín y otros ejecutivos y defraudadores, evitando cualquier tipo de condena), o la emisión de “acciones preferentes” desde paraísos fiscales por parte del BBV por valor de 6.000 millones de euros, fondos que, además de no tributar, han servido para que su presidente y consejeros delegados constituyeran a su favor fondos de inversión y planes de pensiones de tres millones de euros para cada uno; de nuevo, fueron absueltos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en nombre de la libertad de empresa.
10. Creación de fuentes de crédito públicas y alternativas al dinero (solidaridad, mercados de intercambio, cooperativas) que garanticen el funcionamiento de la actividad económica con independencia de los desequilibrios y la volatilidad de los mercados, establecimiento de un sistema de reservas bancarias al 100% (cobertura plena), abolir el poder otorgado a la banca para crear dinero de la nada y que toda la banca pase a ser propiedad de la ciudadanía mediante su nacionalización.

1 comentario:

"S" de Santi dijo...

PLAS, PLAS, PLAS!!!!!!!!
CHAPÓ NENE, CHAPÓ