lunes, 21 de junio de 2010

Sangre, sudor y lágrimas

Cuando parecía que habíamos tocado fondo y comenzábamos a salir del pozo, llegó el FMI, con Obama como mensajero, y nos hicieron la “llamada del ahorro” que ha provocado que Zapatero se doblegue y acceda a “aplacar a la bestia” de los especuladores sacrificando a la ciudadanía por medio de las archiconocidas “medidas de ajuste estructural”: 5% de reducción de las retribuciones del personal público, congelación de las pensiones con la excepción de las mínimas y no contributivas, eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial y de la prestación por nacimiento, reducción de los gastos en farmacia, supresión de la retroactividad de las prestaciones por dependencia, reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (según el ínclito Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, debería haberse reducido aún más) y de la inversión pública estatal, así como el ahorro adicional de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Además, en el horizonte nos espera la controvertida reforma laboral. Ambas medidas traerán consigo una gran pérdida neta de bienestar para los sectores más desfavorecidos y van a suponer un lastre para la actividad económica, justo ahora que parecía que se estaba recuperando.




Para más INRI, resulta que ahora en Castilla y León tenemos más gracejo que en la mismísima Andalucía, y hasta nuestro ilustre presidente, D. Juan Vicente Herrera, se lanza al más puro estilo Chiquito de la Calzada con frases como “nos costará sangre, sudor y lágrimas”, aprovechando la ocasión para mostrarnos su lado megalómano al equipararse nada menos que con Winston Churchill, que pronunció palabras parecidas (me imagino que la intención de nuestro loado cacique habría sido pronunciarlas con exactitud, pero tiene sus limitaciones) en su discurso a la Cámara de los Comunes en los albores de la II Guerra Mundial. No sé qué me hace más gracia, si esa especie de plural mayestático cuando dice “nos costará” (entiendo que lo correcto habría sido decir “os costará”, ya que él y su camarilla van a seguir varios años chupando del bote, no haciendo nada para que salgamos de la crisis y permitiendo que los terroristas del capitalismo provoquen otras aún peores) o que tenga la frivolidad de comparar esta crisis económica con los graves padecimientos que sufren las naciones cuando sus dirigentes tienen la ocurrencia de meterlos en algún tipo de contienda bélica. Mientras ellos sufren miles de bajas, bombardeos, falta de suministros, hambre, enfermedad, etc., nosotros no dejamos de ser una sociedad privilegiada y codiciosa que, siguiendo la inercia de rebaño, se ha dejado entrampar por un hatajo de ladrones.
En lugar de reducir a toda costa los gastos sociales, se podrían haber incrementado los ingresos públicos a través de políticas impositivas más justas, progresivas y eficaces, del estilo de los países del norte de Europa, que luchen contra la evasión, la corrupción y el fraude fiscal (estimado entre el 4% y el 8% del PIB en España, donde 1.440 personas controlan el 80% del PIB y se estima que, con los medios suficientes, los inspectores fiscales podrían rescatar 100.000 millones de fraude en cuatro años) y que obliguen a que los más ricos y, sobre todo quienes han ocasionado la crisis, aporten también su esfuerzo: política fiscal de hierro sobre las multinacionales, bancos y grandes fortunas; abolición de los paraísos fiscales y, hasta entonces, no reconocimiento jurídico en España de las sucursales financieras y empresas pantalla creadas en estos centros financieros extraterritoriales; medidas decididas relativas al afloramiento de la economía sumergida; establecimiento de un impuesto a los especuladores con deudas soberanas; utilización de las cajas de ahorro o el ICO para hacer fluir el crédito hacia la economía; supresión de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable), que permiten a las grandes fortunas pagar el IRPF al 1%, y del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), que sólo sirve para regalar más dinero a la banca privada. Aumentar los ingresos nacionales implica una menor dependencia de la deuda pública internacional y refuerza la soberanía y la democracia del país. Además, esto permitiría incrementar las inversiones públicas y generar empleo.



Al contrario que en EE.UU., donde los fondos públicos para estimular la economía han sido mayores que los dedicados a salvar a los bancos, los países de la UE han dedicado muchos más fondos a “salvar” a la banca que a estimular la economía: Gran Bretaña se ha gastado el equivalente al 29% de su PIB, Alemania el 20%, Francia el 18%, España el 14% y Portugal el 6%, todos ellos porcentajes mayores que el 5% de EE.UU. Por contraste, Gran Bretaña se ha gastado sólo un 1,8% del PIB en estimular la economía, Alemania un 3%, Francia un 2%, España un 1,2% y Portugal un 1,8%, porcentajes más bajos que el 6% de EE.UU. No es de extrañar que al otro lado del Atlántico, donde por cierto siguen inyectando dinero en la economía (es decir, invirtiendo, no gastando como se empeñan en llamarlo algunos), hayan comenzado a crecer mucho antes que por aquí, tengan un crecimiento mucho más sostenido y no estén necesitando aplicar ningún “ajuste estructural”.
Si también era menester reducir el gasto, se podría haber conseguido de mil maneras: recortar el número de cargos de confianza, asesores y altos cargos; reducir la burocratización de los organismos públicos; eliminar las subvenciones a organizaciones religiosas, sindicatos, patronales, partidos políticos y demás asociaciones (que se financien con las aportaciones de sus propios miembros); suprimir las absurdas e innecesarias “embajadas autonómicas”; reducir el excesivo número de ministerios, direcciones generales y demás, así como fusionar y simplificar la gestión de las entidades locales; acabar con las ayudas al sector financiero; reducir las dietas y pagos en especie a los funcionarios de mayor nivel; reducir la presencia de tropas extranjeras en el exterior y el gasto militar en general; recortar o eliminar el presupuesto de la Casa Real; eliminar las pensiones vitalicias de la clase política, así como sus exenciones tributarias, además de controlar la manera en que se asignan sus retribuciones e incrementos salariales (como dice una cadena de correos electrónicos, «es indecente que el salario mínimo sea de €624 y el de un diputado de €4000, o que un profesor o un médico ganen menos que un concejal de festejos de un ayuntamiento de pueblo»); aplicar la incompatibilidad entre cargos y sueldos públicos y privados; reducir los viajes, sustituyéndolos por teleconferencias en la medida de lo posible; reducir el número de coches oficiales, promoviendo en uso del transporte público, pero eliminando el abuso de los desplazamientos en taxi; reducir el número de vuelos y, en caso de ser necesarios, volar en clase turista o, si se trata de un avión oficial, organizar bien el viaje para poder compartirlo (que no ocurra, como hace unos días, que tres ministros hagan el mismo trayecto en tres aviones diferentes en el mismo día); controlar el uso de los teléfonos móviles y las tarjetas de crédito (si quieren gastar dinero en líneas eróticas y clubes de alterne, que no lo hagan con el dinero de todos); utilizar programas informáticos libres que, en la mayoría de los casos, son bastante mejores que los de pago; más rigor en los presupuestos de las obras públicas (que no se presupueste en equis y después venga la empresa concesionaria con el cuento de que es un cincuenta por ciento más, como en el reciente caso del auditorio en Burgos, por poner un ejemplo entre mil); concesión de becas de estudios sólo a cambio de rendimientos académicos mínimos; eliminar las diversas prácticas monopolísticas que provocan, por ejemplo, que los servicios de telefonía y ADSL sean en España los más caros de Europa. Y así podría tirarme hasta la saciedad.
Como de costumbre, mientras países más ricos y solventes que el nuestro están retirando privilegios y coches oficiales a altos cargos y ministros mientras dure la crisis, aquí la gran mayoría de nuestros irresponsables dirigentes se niegan en redondo a ceder sus inmerecidas prerrogativas: pocas horas después de que el Gobierno británico anunciase sus medidas de austeridad, el presidente del Parlament catalán, Ernest Benach (ERC), se negó rotundamente a retirar ni disminuir el uso de los coches oficiales de alta gama que tiene asignados.




En general, sería necesaria una auditoría de toda la Administración, ya que su gestión es muy deficiente y cada vez son más escandalosas su ineficacia, ineficiencia, desidia y corrupción, llegando a casos de ridículo extremo, como el de la traducción simultánea (a 6000 euros por sesión) entre dos diputados andaluces sólo porque a uno de ellos no le daba la gana utilizar la lengua que ambos hablan y comprenden. Con respecto a los centros de trabajo públicos, es evidente que hay sitios donde falta personal y, sobre todo, lugares donde sobra, aparte de la duplicidad de muchas Administraciones, los organismos innecesarios y la incompetencia manifiesta de innumerables políticos (es increíble que no deban superar ninguna prueba de capacidad para ejercer su cargo, así que nadie se extraña cuando hacen el ridículo a las primeras de cambio).
Sin embargo, como siempre, el desaguisado lo pagan las clases medias y bajas; son las rentas del trabajo, las que soportan los ingresos del Estado, a las que ahora se imponen los recortes, mientras quienes nos metieron en esto quedan impunes, no se llevan a cabo las necesarias regulaciones de los mercados financieros para evitar los desastres que está provocando la especulación de la banca, ni las imperiosas reformas en las reglas del comercio internacional que garantizarían fuentes de ingresos más seguras y equitativas a todas las naciones y no sólo a las grandes multinacionales, ni mucho menos se termina de cortar los pies a las corruptas agencias de calificación que se dedican a despejar el paso a los especuladores, engañando y ocultando la verdad de lo que ocurre en los mercados, y seguimos con el mismo saqueador incompetente al frente de la CEOE y el mismo manipulador esclavo de los grandes inversores en el Banco de España.




En lo que respecta al gasto social, antes de cualquiera de estos recortes, España ya estaba en el furgón de cola de Europa: la media europea está en el 27% del PIB, mientras que nosotros estábamos en el 20%; por debajo incluso de Grecia y Portugal, con un 24%.
Por tanto, estas medidas anticrisis hacen pagar a aquellos que menos responsabilidad tienen en haberla causado. Los mercados financieros dicen estar intranquilos por el tamaño de una deuda que es sobre todo privada, pero no se ha tomado ninguna medida que afecte a las rentas del capital. Se está permitiendo que los actores que se beneficiaron de esta situación se salgan con la suya y se vayan de rositas tras haber enviado al paro a millones de trabajadores en todo el mundo.
La propuesta del gobierno no es una salida para la crisis, no se hacen recaer los esfuerzos sobre quienes la originaron y pretenden que los trabajadores, que no la hemos provocado, paguemos los platos rotos.




Este recorte del gasto va a deteriorar la capacidad de crear actividad e ingresos de la economía española: limitar la inversión en infraestructuras simplemente significa disminuir el negocio de las empresas que la llevan a cabo y reducir los sueldos o las pensiones es contener el consumo del que salen los ingresos de miles de pequeñas y medianas empresas.
Reducir drásticamente el gasto cuando todavía estamos padeciendo un paro elevado es muy mala idea: no sólo agrava la recesión, sino que sirve de poco para mejorar las perspectivas presupuestarias, porque el Gobierno pierde gran parte de lo que ahorra al reducir el gasto, ya que la recaudación fiscal disminuye en una economía más débil.
La ralentización de la recuperación económica asociada a la contracción presupuestaria generará todavía menores ingresos, y probablemente obligará a más recortes. Para romper este círculo vicioso es necesario plantearse reformas que refuercen la capacidad fiscal del Estado, pero repartiendo los costes de manera más justa, no castigando únicamente a asalariados y pensionistas. Deberíamos recordar aquel proverbio chino que dice que «lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar».
La crisis del capital (responsabilidad de bancos, empresas que especularon con activos financieros, empresas inmobiliarias y gobernantes neoliberales que permitieron todo ello) van a pagarla aquellos que durante los años de “bonanza” (¿para quién?) no hicieron sino ver empeorar sus condiciones: los jóvenes y su falta de acceso a la vivienda, los funcionarios y su pérdida de nivel adquisitivo, los precarios y sus sueldos basura, etc. Y de propina, el proceso permite a los culpables de la crisis robarnos el dinero público para continuar con las mismas actividades perniciosas que nos han metido en este embrollo.



En este pulso que los banqueros y la patronal están dispuestos a ganar a los trabajadores y a la sociedad en general, apoyados por e inspirados en los grandes especuladores internacionales, las medidas son sospechosa y preocupantemente similares a las que se implantaron en América Latina en los años ochenta bajo la supervisión del FMI, las cuales dieron lugar a años de profunda regresión social, la denominada “década perdida de América Latina”.
El triunfo del capitalismo en la Guerra Fría llevaba años incrementando las presiones destinadas a reducir los servicios sociales del Estado de bienestar y eliminar todos los controles públicos, de manera que, como ocurrió en Estados Unidos a partir de 1990, agentes bursátiles con talento pero sin escrúpulos se hicieron multimillonarios vendiendo a crédulos clientes derivados inmobiliarios concebidos de manera fraudulenta y con frecuencia carentes de valor, causando al final una crisis financiera mundial, en modo alguno resuelta todavía.
Años atrás, la banca privada logró imponer el criterio de que los bancos centrales no pudieran financiar a los gobiernos; era la manera de reservarse en exclusiva el gran negocio de la deuda pública y, al mismo tiempo, lograr que ésta fuera sustituida paulatinamente por la privada, mucho menos controlada y más rentable para la banca. Así, cuando los gobiernos han incurrido en déficit para hacer frente a la crisis que provocaron los bancos, resultaba que eran esos mismos bancos quienes podían financiarlos para que dispusieran de recursos suficientes. La banca privada ha estado recibiendo dinero barato de los bancos centrales (al 1%, más o menos) para que pudieran volver a financiar a las empresas y familias. Pero, en lugar de ello, los bancos están dedicando ese dinero a suscribir la deuda de los gobiernos, que se emite al 4% ó 5%, y a seguir especulando.



Curioso y contradictorio fenómeno este, en el que los gobiernos prestan (o incluso regalan) dinero a los bancos para que éstos a su vez lo presten a los ciudadanos (si a sus señorías les parece bien, claro está) o al Estado otra vez. ¿Por qué no eliminar el intermediario y que el gobierno preste el dinero a los ciudadanos directamente; es decir, por qué no nacionalizar la banca privada? Al fin y al cabo, de donde proviene ese dinero es en efecto de los mismos ciudadanos (o, por lo menos, de los pobres desgraciados que pagan sus impuestos).
Durante dos legislaturas, el “P” (antiguamente denominado “PSOE”, pero que evidentemente hace tiempo que ha dejado de ser “socialista”, “obrero” o “español”) se ha dedicado a aprobar medidas fiscales regresivas tales como la bajada del tramo más alto del IRPF, el cheque-bebé, la devolución de 400 euros, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, la desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas del capital, u otras que se hacen al margen de la renta de quien la percibe y han privado al Estado de recursos que ahora serían determinantes, mientras el mayor peso de la recaudación recaía cada vez más sobre los salarios y las rentas más bajas y menos en las clases más acomodadas.
Esta menor recaudación fiscal no hizo sino mermar las capacidades del Estado para satisfacer sus compromisos con el Estado del Bienestar, mientras el gasto público se dedicaba a apoyar a la banca privada, para salvarla de la hoguera internacional que las finanzas internacionales habían creado, y a proteger a la economía de una mayor recesión a través de las inversiones públicas en general, obteniendo como resultado un grave deterioro de las finanzas públicas y un mayor endeudamiento.
Así que ahora los inversores financieros han aprovechado la ocasión para presionar al gobierno para ajustar la economía española en la dirección que ellos pretenden. Finalmente, al igual que Grecia, España, una economía debilitada con un gobierno inoperante y una oposición ruin, rastrera, caníbal y fratricida, se ha visto obligada a ceder al chantaje de los inversores financieros y las instituciones financieras internacionales. Tras haber sido los mayores beneficiarios de la magnanimidad del gobierno en los dos últimos años, son precisamente ellos quienes ahora despotrican contra la política fiscal “irresponsable” e “insostenible” del gobierno.
Por su parte, la CEOE, con el mentiroso e incompetente Gerardo Díaz Ferrán a la cabeza, reclama «modificar el marco legislativo actual a fin de (sic) adecuar las relaciones de trabajo a la situación de las empresas.» Es decir, que todo (gobierno, mercado de trabajo, etc.) debe supeditarse a la situación de las empresas, mientras que a éstas no debe exigírseles esfuerzo ni adaptación alguna para colaborar en pos de la salida del atolladero de todo un país. Bien me parecería ayudar en todo lo posible a autónomos y pequeñas y medianas empresas, pero es que a estos señores se les ve el plumero, y está claro que lo suyo son las multinacionales, como esa compañía aérea que se negaba a pagar los salarios y los despidos de sus empleados, o esa agencia de viajes que tiene a sus trabajadores en vilo durante meses, sin ningún tipo de información sobre su futuro o sobre la situación de la empresa.




Es lo que los fanáticos del neoliberalismo económico denominan “apaciguar a los mercados” (pese a que hace un año los dirigentes del G20 se comprometieron a domarlos en vez de plegarse a sus caprichos), que suena como a un sanguinario sacrificio humano ofrecido a un dios vengativo y ancestral por parte de un pueblo ignorante y supersticioso. Así, las mismas instituciones financieras que nos habían conducido a la situación de crisis económica (además de medioambiental, alimenticia y ética), no contentos con el saqueo de las ayudas recibidas en los últimos años (el Gobierno español, como tantos otros, no se ha endeudado caprichosamente, sino para salvar a los bancos y de ese modo evitar el colapso de las economías; la debilidad económica del Estado es, por tanto, la consecuencia de su papel como garantizador público de una masiva deuda privada, surgida de una burbuja inmobiliaria), en lugar de contribuir a la solución definitiva, sacrifican el bienestar social en el altar del mercado. Desaparecen los valores democráticos, la justicia social, la solidaridad, la igualdad. Sólo imperan las leyes del dios mercado.
Si hay un dios mercado, tendrá que haber un grupo de adoradores, idólatras, fanáticos, sacerdotes e inquisidores que se ocupen de “difundir la palabra” y exorcizar a herejes y blasfemos que se atrevan a poner en duda sus creencias. Así, tenemos a la banca, los grandes inversores internacionales, las multinacionales, los bancos centrales, etc. acompañados por unos elementos que han conseguido convertirse en protagonistas en estos últimos meses: las agencias de calificación (rating). Todos juntos, olvidando toda moral y obcecados por la codicia, hacen circular rumores y noticias falsas para que suban o bajen los valores bursátiles, según les interese vender o comprar.
En el caso de las agencias de calificación, ya se ha demostrado que pecan de infinidad de fallos, tales como modelos matemáticos obsoletos, informes dudosos, cifras infladas o tratos de favor. Recientemente, se desvelaron los remordimientos de varios empleados de Standard & Poor’s por la excelente nota otorgada a un fondo de inversiones dudoso: «Ojalá estemos jubilados cuando el castillo de naipes se derrumbe.» «O hemos vendido el alma al diablo por dinero, o somos unos incompetentes, o las dos cosas.» «El modelo que usamos para calcular el rating de esta inversión no captura ni la mitad del riesgo».
No es de extrañar que hayan recibido cientos de demandas de ahorradores que confiaron en sus calificaciones para invertir en fondos supuestamente seguros, que a la postre resultaron de altísimo riesgo (el clásico timo de la estampita, o el dicho de que la avaricia rompe el saco), ni que el 93 por ciento de los productos financieros calificados con la triple A de máxima solvencia en 2006 hayan quedado degradados al nivel de bono basura. Entre los demandantes, Ron Grassi, de 68 años; caso típico: recién jubilado, puso los ahorros de su vida en bonos de Lehman, calificados con triple A hasta el mismo día en que el banco se declaró en quiebra. También Enron gozaba de una excelente calificación días antes de que el gigante de la energía protagonizase la mayor “bancarrota” (por no decir desvalijamiento) de la historia. Más recientemente, el “estafador” Bernard Madoff (ya escribiré sobre el tema dentro de un tiempo) también presumía de triple A, al igual que los tres grandes bancos islandeses, justo antes de que quebrasen y hundiesen la economía del país.
La clave de la pérdida de objetividad de estas agencias es que se financian cobrando a los emisores de deuda, lo cual es equivalente a que los futbolistas pagaran el sueldo de los árbitros y da pie a prácticas oscuras, como el ‘shopping’, consistente en que el emisor de la deuda (un gobierno o una empresa) presenta sus bonos a varias agencias al mismo tiempo para contratar los servicios de la que le dé la mejor calificación, o el chantaje puro y duro, en el que, tras crear productos cada vez más complicados disfrazando el riesgo, eligen entre las agencias buscando el veredicto más favorable y amenazan con llevarse el negocio a otra si intenta hacer su trabajo a fondo. La corrupción de todo el proceso es obvia. Durante el auge inmobiliario, las tres principales calificadoras (S&P, Moody’s y Fitch) duplicaron sus ingresos: de 3.000 millones de dólares en 2002 a 6.000 en 2007.
España, por ejemplo, paga a estas agencias medio millón de euros cada año (otro sitio donde recortar, señores; aunque claro, luego a todo lo llaman “el chocolate del loro”), lo cual es indispensable, ya que los inversores exigen que la deuda esté “bendecida” por una calificación. Pese a todo, también hemos sido víctimas del chantaje más hipócrita: nos amenazaron con bajar la calificación si el gobierno no aplicaba “ajustes”, ya que ello implicaría que “los mercados” no iban a confiar en nuestra deuda pública. Sin embargo, una vez publicado el ajuste, se ha producido la rebaja en la calificación bajo el pretexto de que con esos mismos ajustes se reducía la expectativa de crecimiento.
Otra práctica fraudulenta por parte de las agencias consiste en proporcionar sus fórmulas matemáticas para calcular el riesgo a los bancos de inversión que, conociendo el algoritmo, encuentran mucho más fácil diseñar productos que alcancen las máximas notas. O aún peor, en ocasiones las agencias diseñan ellas mismas algunos de los bonos más lucrativos y arriesgados, otorgándose a sí mismas la triple A.
Ojalá se cumpliera la profecía de Isaías: «¡Ay, tú que saqueas, y no has sido saqueado, que despojas, y no has sido despojado! En terminando tú de saquear, serás saqueado; así que acabes de despojar, serás despojado», aunque claro, el mismo profeta también calificó a sus contemporáneos de «pueblo ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene orejas», lo cual también podríamos aplicar hoy en día. No sólo por la ceguera y la sordera, sino también por la indecencia y la inmoralidad: los paraísos fiscales, los sueldos desmesurados, los contratos blindados, lejos de provocar rechazo suscitan más bien la envidia general, pues hemos interiorizado de tal forma los valores de los poderosos que no sabemos vivir sin mirar por sus ojos y sin anhelar sus lujos. La cosa cambiaría si los corruptos, en vez de salir en las revistas del corazón, lo hicieran esposados en los periódicos.
Si queremos no sólo salir de la crisis, sino mantenernos a flote durante el mayor tiempo posible, quizá deberíamos fijarnos en algún país donde se aplique un poco el sentido común. Se me ocurren varios, pero últimamente del que más se habla es de Finlandia, un país que encabeza la lista de países europeos inversores en Investigación y Desarrollo, con un 3% de su PIB (el doble que España, y eso que hemos subido del paupérrimo 0,8% de los años noventa a un 1,3%), cuya tasa de paro es la mitad que la española, mientras que el déficit público es cinco veces menor.
En España, la alta rentabilidad de los negocios inmobiliarios durante los años de auge hacía muy difícil conseguir financiación para un proyecto innovador, que siempre es más arriesgado, y por eso, entre otras cosas, estamos donde estamos.
Finlandia, antaño dedicada principalmente a los sectores maderero y papelero, se sumió en una crisis en los noventa debido al declive de dichos sectores. Sin embargo, pudo salir a flote gracias a la formación de sus trabajadores y a la inversión en innovación y tecnología. Su modélico sistema educativo, en el cual invierten un 6% del PIB (por encima de la media europea del 5%, a la cual España no llega ni de lejos) les hace mucho más fuertes. La sólida formación de los profesores, su evaluación permanente y el respeto del que gozan entre la sociedad (sí, he dicho “respeto”, palabra olvidada donde las haya) catapultó a Finlandia a los primeros puestos de la clasificación internacional de Pisa.
De este modo, hoy afrontan la crisis con mayor ventaja competitiva. El año pasado sufrieron una caída del PIB del 7,8% y prevén cerrar el año con un déficit público del 4,1%, cifras ridículas comparadas con las de España, Reino Unido o EE UU., lo cual les permite hacer oídos sordos a los chantajes del Fondo Monetario Internacional y demás mafia que, pese a las razonables expectativas de crecimiento (1,2% en 2010 y 2,2% los siguientes cinco años), insta a Helsinki a “meter la tijera”.

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