miércoles, 13 de febrero de 2013

Reflexión (muy) tardía sobre el RDL 20/2012


Hace más de medio año, nuestro eficiente Gobierno publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que ya fue comentado a priori en esta bitácora.
Cuando ya ha pasado medio año y todos podemos ver claramente cómo los presupuestos se van equilibrando y nuestra competitividad asombra al mundo, el objeto de este texto es plasmar una serie de reflexiones que me han venido a la mente tras la relectura de tan efectiva disposición normativa.


Comienza el RDL con la frase «La recesión que comenzó a experimentar la economía española en el año 2008 y la política económica entonces seguida para hacerla (sic) frente llevaron a la acumulación de algunos desequilibrios macroeconómicos insostenibles.» No voy a entrar aquí a discutir si tal afirmación es cierta o no, puesto que ya disponemos de una ínclita legión de tertulianos, sabios y expertos que ocupan la programación de nuestra TDT en desvelarnos los arcanos de la Economía. Sólo diré que me parece una apreciación un tanto subjetiva, más propia de la editorial de una gaceta que de un texto de este tipo.
Sorprende aún más, sin llegar a abandonar el primer párrafo, la siguiente declaración: «tras varios trimestres de leve recuperación, la economía española volvió a sumergirse en un período recesivo.» Es cuando menos curioso que en un mismo párrafo se afirme por un lado que la política económica seguida por el anterior Gobierno llevara a «desequilibrios macroeconómicos insostenibles» para, unas líneas más abajo, hablar de «varios trimestres de leve recuperación seguidos de un nuevo período recesivo». No hay que investigar demasiado en las hemerotecas para ver que esa «leve recuperación» se corresponde con los últimos meses en el cargo del anterior Gobierno, mientras que el «nuevo período recesivo» se produjo con las eficaces medidas del actual.


Continúan las contradicciones en el siguiente párrafo, en el que se afirma que «la reciente recaída de la economía española no llega a la gravedad de 2009». Es fácil encontrar en internet todo tipo de gráficas sobre la evolución de nuestra economía en los últimos años. Uno de los indicadores más populares es la prima de riesgo de España frente a Alemania. Sumidos en la «gravedad» de 2009, el 18 de febrero de ese año nuestra prima de riesgo llegó a un máximo (en ese año y desde el principio de la crisis) de 122, para bajar rápidamente por debajo de los cien puntos y mantenerse alrededor de los sesenta durante el resto del año. El 23 de julio de 2012, diez días después de nuestro flamante Real Decreto-ley, llegábamos a la estupenda cifra de 632 puntos básicos, 510 más que durante la «gravedad» de 2009.
No hace falta pasar de la primera página para encontrar otra apreciación subjetiva de las que pronunciaría un parroquiano en la barra del bar pero que intentaría evitar en un texto legislativo: «los dos tipos de reformas serán inequívocamente positivas (sic) para recuperar el crecimiento de la economía, de la producción y del empleo». Ya en la segunda, pasamos de lo únicamente subjetivo a lo, además, improbable («un horizonte de paulatina recuperación de las variables fundamentales de este tipo de gasto»), junto con una broma de muy mal gusto, asegurando que las medidas tienen por fin último «fomentar el desarrollo de la innovación», lo cual queda totalmente imposibilitado con las reducciones hasta niveles tercermundistas en la inversión (que no gasto) en investigación, Ciencia e I+D.

 

Un poco más adelante, en el apartado IV, los autores de este texto intentan tomar el pelo al lector y al ciudadano afirmando que «La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha contado con la colaboración de todas las administraciones públicas en su desarrollo». Cualquier persona medianamente informada estará al tanto de la oposición a dicha ley de muchas notorias personalidades de nuestra política, entre ellas Dª Esperanza Aguirre, que durante su mandato hizo todo lo posible por entorpecerla.
Indigna leer, ya en el apartado IX, que mientras el ciudadano medio y bajo está soportando y pagando una crisis de la que en muy pequeña medida es responsable, desde el Gobierno se conceden beneficios fiscales a la candidatura olímpica de Madrid. Una vez más, al igual que en el caso de Eurovegas, nos venderán los miles y millones de puestos de trabajo que se van a crear merced al buen hacer de nuestros próceres, cuando al fin y al cabo quienes se llenan los bolsillos son los de siempre: banca, concejales de urbanismo, politicastros chusqueros y sus amiguetes.


Por último, aunque no es el objetivo de esta bitácora comentar aspectos lingüísticos, durante la lectura de este texto me ha sido imposible abstraerme de tan críptico y farragoso lenguaje administrativo, plagado de arcaísmos y expresiones fosilizadas, propio del funcionario que escribe para sí mismo o pensando en el ciudadano como súbdito, así como de la infinidad de errores y barbarismos que lo plagan:
• En base a: como señalan Alberto Fernández y Pilar Úcura en su curso “Errores comunes en el lenguaje periodístico”, así como la Fundéu, se trata de una locución impropia en la que no está justificado el uso de las preposiciones “en” y “a”. Para decir que aquello de lo que se habla se hace con apoyo o fundamento en algo, pueden emplearse “sobre la base de”, “en función de”, “basándose en”, “a partir de”, “de acuerdo con”, “con base en” o “según”.
• Fiscal: como vimos en la entrada correspondiente de Aberraciones del espanglish, en inglés este adjetivo puede ser equivalente al español “fiscal” (“impositivo”, “tributario”) o tener un significado totalmente diferente (“monetario”, “presupuestario”). En numerosas ocasiones a lo largo del texto, el término “fiscal” se utiliza indistintamente para referirse a ambos conceptos, cuando en muchas de ellas (la mayoría, realmente) deberían haberse utilizado la alternativas correctas en español (“de la Hacienda pública”, “de las finanzas públicas”, “monetario”, “presupuestario”).
• Mismo: como explica el Diccionario panhispánico de dudas, a pesar de su extensión en el lenguaje administrativo y periodístico, es innecesario y desaconsejable el empleo de “mismo” como elemento vacío de sentido cuya única función es recuperar otro elemento del discurso ya mencionado; en estos casos, siempre puede sustituirse por otros elementos como los demostrativos, los posesivos, los pronombres personales o, a menudo, su simple supresión, que no suele provocar pérdida alguna de contenido. Desgraciadamente, este texto legal está plagado de este vulgarismo hasta límites insospechados.
Tiendas de conveniencia: calco del inglés “convenience store”.
• Violencia de género: si bien dentro del ámbito específico de los estudios sociológicos puede resultar útil, e incluso necesaria, la distinción entre “sexo”, como categoría meramente orgánica o biológica, y “género” como categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole social, económica, política o laboral, siempre es más conveniente utilizar otras alternativas como “violencia por razón de sexo”, “violencia contra las mujeres”, “violencia doméstica”, “violencia de pareja” o “violencia conyugal”, puesto que en español “género” es una categoría gramatical, mientras que “sexo” es una categoría biológica (es decir, que son las palabras las que tienen “género”, mientras que las personas tienen “sexo”).
• Y/o: la connotación de la cópula española “o” no tiene el carácter excluyente de la inglesa “or”; es decir: si se escribe «la prestación por desempleo “y/o” el subsidio por desempleo», no quedan excluidos ninguno de los dos, sino todo lo contrario, por lo que esa anglicada conjunción “y/o” (and/or), debería ser simplemente “o”.
• Más erratas: «la política económica entonces seguida para hacerla frente», «los dos tipos de reformas serán inequívocamente positivas», «permitir la extensión de las citada medidas», «las medidas incluidas en el Titulo I este Real Decreto-ley», «han sido llevadas para su negociación a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y en la Mesa General de Negociación», «los beneficiarios de prestaciones acreditarán ante al Servicio Público de Empleo Estatal», etc.

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