viernes, 13 de septiembre de 2013

Derecho a la alimentación


Pese a verdaderos avances en diferentes países, tales como China, India o Sudáfrica, así como varios países de Latinoamérica y el Caribe, en general se ha progresado poco hacia el objetivo de reducir el número de víctimas del hambre y la malnutrición en el mundo. El número de personas que sufren el hambre ha venido aumentando todos los años desde 1996, alcanzando una estimación de 854 millones de personas en 2008. Todo ello a pesar de los compromisos de reducir el hambre a la mitad por parte de los gobiernos en la Cumbre del Milenio del año 2000 y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año 2002. Cada cinco segundos muere de hambre o enfermedades relacionadas con la malnutrición un niño menor de diez años.


Sin embargo, el hambre y la hambruna no son inevitables. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), en el mundo ya se produce comida suficiente como para alimentar a todos los niños, mujeres y hombres, pudiéndose alimentar a 12.000 millones de personas, casi el doble de la población mundial actual. Nuestro mundo es hoy más rico que nunca. ¿Cómo podemos aceptar que cada año mueran seis millones de niños menores de cinco años debido a malnutrición o enfermedades asociadas?


Todos los seres humanos tienen derecho a vivir con dignidad, sin pasar hambre. Ahora es el momento de mirar hacia delante, no hacia atrás, ya que todavía queda mucho por hacer en la promoción y protección del derecho a una alimentación adecuada. De hecho, uno de los principales problemas que quedan por resolver es la falta de coherencia interna del sistema de las Naciones Unidas entre los desarrollos positivos en algunos de sus sectores (por ejemplo, tal como demuestran las Directrices del Derecho a la Alimentación de la FAO) y la manera en la que las políticas y prácticas de otras agencias (FMI, Banco Mundial y OMC) socavan la protección del derecho a la alimentación.


Las políticas estatales en relación con el derecho a la alimentación muestran similares patrones contradictorios. Aunque los Estados reconocieron el derecho a la alimentación en las Declaraciones de la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación, con más de 150 Estados que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), participan al mismo tiempo en políticas comerciales perjudiciales para el disfrute de los derechos humanos en otros países.


También hay otros asuntos importantes que aún quedan por abordar, como por ejemplo la exclusión y discriminación de los más vulnerables. Es necesario prestar una especial atención a la protección del derecho a la alimentación de los grupos desfavorecidos, particularmente las mujeres y los indígenas.


Otro fenómeno que afecta sobremanera al derecho a una alimentación adecuada a escala internacional lo constituyen los poderosos agentes no estatales: las empresas transnacionales. Mientras que cada vez son más poderosos, se carece de mecanismos de control para salvaguardarse contra las violaciones del derecho a la alimentación que algunos de ellos cometen en ocasiones.


Otros asuntos que quedan en la lista de cuestiones pendientes y que exigirán un gran trabajo en el futuro son la desertificación, los agrocombustibles y los refugiados por el hambre.


Aún así, también hay muchas esperanzas. Las Directrices del Derecho a la Alimentación se adoptaron en el Consejo de la FAO, y la elaboración del Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) está progresando, del mismo modo que los compromisos mundiales, regionales y nacionales para luchar contra el hambre.


¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?
Esquizofrenia en el sistema de las Naciones Unidas y en las políticas de los Estados. Rechazo del derecho a la alimentación.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sostiene que las profundas contradicciones internas en la comunidad internacional constituyen un verdadero obstáculo para la materialización del derecho a la alimentación. Por un lado, agencias de las Naciones Unidas como FAO, WFP (World Food Programme o Programa Mundial de Alimentos), UNDP (United Nations Development Programme o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y UNICEF (United Nations Children’s Fund o Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) hacen hincapié sobre la justicia social y los derechos humanos y realizan un excelente trabajo de promoción del derecho a la alimentación, como demuestran por ejemplo las Directrices del Derecho a la Alimentación de la FAO. Por otro lado, las instituciones de Bretton Woods, junto con el gobierno de los EE. UU. y la Organización Mundial del Comercio, se niegan a reconocer la mera existencia de un derecho humano a la alimentación e imponen el Consenso de Washington sobre los Estados más vulnerables, acentuando la liberalización, desregulación, privatización y reducción de los presupuestos nacionales de los Estados, un modelo que genera grandes desigualdades en la mayoría de los casos. Hay tres aspectos en particular de este proceso general de privatización y liberalización que provocan consecuencias catastróficas para el derecho a la alimentación: la privatización de las instituciones y servicios públicos, la liberalización del comercio agrícola y el modelo de reforma agraria basada en el mercado. Tales políticas contradicen la resolución adoptada el 18 de diciembre de 2007 por la Asamblea General sobre el derecho a la alimentación, en la cual se pide al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que eviten todo tipo de acciones que puedan tener un impacto negativo sobre la materialización del derecho a la alimentación.


El Relator Especial opina que sus dos misiones a Níger demostraron claramente cómo el paradigma de desarrollo basado en el mercado, en gran medida impuesto por el FMI y el BM, ha sido perjudicial para la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Por ejemplo, las políticas de recuperación de costes en centros de salud significan que la desnutrición de muchos niños pobres no está siendo tratada. La privatización de los servicios sociales gubernamentales, incluyendo la logística y el sistema de distribución de alimentos (OPVN) y el Servicio Veterinario Nacional, ha exacerbado la inseguridad alimentaria entre pequeños agricultores y ganaderos. Níger es rico en ganadería, con 20 millones de cabezas de ganado bovino, ovino y camellos, apreciados y exportados por todo el mundo desde tiempo inmemorial. Los animales constituyen ingresos esenciales para millones de nómadas y campesinos. Sin embargo, la privatización del Servicio Veterinario Nacional condujo al desastre: muchos ganaderos nómadas ya no pueden costear los precios de las vacunas, medicamentos y vitaminas que les cobran los proveedores comerciales.


La esquizofrenia del sistema de las Naciones Unidas también es particularmente evidente en relación con los asuntos de la propiedad de la tierra. A pesar de la importancia otorgada a los modelos de reforma agraria que promueven la reforma transformadora y redistributiva por medio de la comunidad internacional, todavía hay muchas contradicciones. En la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y en el Plan de Acción de la Conferencia Alimentaria Mundial, la reforma agraria constituyó una parte fundamental de los compromisos establecidos. En la declaración de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, organizada por la FAO y el gobierno de Brasil y celebrada en Porto Alegre del 7 al 10 de marzo de 2006, 95 Estados reconocieron que una manera importante de asegurar el cumplimiento del derecho a la alimentación consiste en establecer una reforma agraria adecuada para garantizar el acceso a la tierra de los grupos marginados y vulnerables, así como en adoptar un marco legal adecuado y políticas de promoción de la agricultura tradicional y familiar. Al mismo tiempo, organismos como el Banco Mundial están promoviendo nuevos modelos de reforma agraria que hacen hincapié sobre el mercado y son compatibles con el Consenso de Washington, un paradigma «intrínsecamente opuesto a intervenciones políticas encaminadas a lograr la equidad social».


Los modelos de reforma agraria «basados en el mercado» o «negociados» del Banco Mundial intentan vencer la resistencia a la reforma agraria de las élites ofreciendo créditos a los agricultores sin tierra o empobrecidos para comprar tierras a los grandes terratenientes a precios de mercado, mientras el Estado desempeña un pequeño papel de mediación y provisión de crédito. Sin embargo, estos modelos dejan la lógica de la reforma agraria lejos de los conceptos de derecho a la tierra y redistribución y la acercan a la visión de que el acceso a la tierra sólo es posible a través de la compra de los terrenos a precios de mercado, a pesar de un contexto que históricamente ha venido produciendo desigualdades. La práctica continúa a pesar de las últimas críticas por parte del Relator Especial y muchas ONG y movimientos sociales, que aseguran que socava programas de reforma agraria más transformadores (por ejemplo, «Tierra para quienes la trabajan, no solamente para quienes puedan comprarla»).


El Relator Especial vio los límites del modelo «basado en el mercado» durante su misión a Guatemala. A pesar de que el gobierno está haciendo esfuerzos impresionantes para cambiar la situación, Guatemala sigue siendo uno de los países con mayores desigualdades del mundo. La propiedad de la tierra está extremadamente concentrada: El 2 % de la población posee hasta el 70-75 % de las tierras agrícolas, mientras que el 90 % de pequeños agricultores sobrevive con menos de una hectárea. Esta situación es el resultado de una larga historia de expropiaciones de tierras a los pueblos indígenas, exacerbada por una guerra civil de 36 años (1960-1996) durante la cual los militares y los terratenientes adquirieron el control de más tierras por la fuerza. En este contexto, la promoción por parte del Banco Mundial de una redistribución de la tierra basada en el mercado, materializada por la creación del fondo de tierras FONTIERRA para proporcionar créditos para adquisición de tierras, ha sido particularmente ineficaz. Excluye la adopción de medidas más importantes, previstas en los Acuerdos de Paz de 1996, tales como la creación de un sistema eficaz de registro de la tierra, la elaboración de un código agrario que reconozca las formas indígenas de propiedad de la tierra y el establecimiento de una jurisdicción agraria para resolver conflictos territoriales.


Falta de coherencia en las políticas de los Estados.
El segundo aspecto de esta «esquizofrenia» es que muchos Estados no son en absoluto coherentes en lo que concierne a sus propias prácticas. Con demasiada frecuencia, una parte de un gobierno se compromete a proteger y promover el derecho a la alimentación, mientras que otra toma decisiones o pone en práctica políticas que socavan directamente este derecho.


La gran mayoría de los Estados han reconocido el derecho a la alimentación en las Declaraciones de la Conferencia Alimentaria Mundial, así como las Directrices del Derecho a la Alimentación. Más de 150 Estados son miembros del ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y más de 193 del Comité de los Derechos del Niño. Tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación en todas sus políticas y decisiones. Hoy en día, desafortunadamente, hay una creciente falta de coherencia en las políticas aplicadas por los gobiernos, lo cual quiere decir, por ejemplo, que mientras por un lado siguen comprometidos con un enfoque del desarrollo basado en los derechos, por el otro adoptan políticas comerciales que pueden tener efectos negativos sobre los derechos humanos en otros países.


Refugiados del hambre.
Los refugiados del hambre son uno de los grupos más excluidos y discriminados. Se encuentran también entre los que más sufren la falta de coherencia en las políticas de los Estados. El Relator Especial sostiene que, para ser coherentes, los Estados deben ampliar la protección legal para proteger a las personas que huyen del hambre y de otras graves violaciones del derecho a la alimentación. Llama a la creación de un nuevo instrumento jurídico para reconocerlos como «refugiados del hambre» y concederles, como mínimo, el derecho de no devolución con protección temporal para no ser enviados a un país donde el hambre y el hambruna pongan en peligro sus vidas. Esta necesidad de reforzar la protección de las personas forzadas a abandonar sus hogares y tierras a causa del hambre fue reconocida por la Asamblea General en su resolución sobre el derecho a la alimentación.


Huyendo del hambre.
Millones de personas cruzan las fronteras internacionales y algunas tratan de llegar a los países desarrollados para escapar del hambre generalizada, especialmente aquellos provenientes del África subsahariana. Muchos tratan de llegar a las Islas Canarias desde Mauritania o Senegal. Según el gobierno de España, 37.685 migrantes africanos llegaron a las costas españolas en 2005. Otros 22.824 migrantes llegaron a Malta y a las islas de Italia, saliendo de Libia o Túnez. También tratan de llegar a Grecia a través de Turquía o de Egipto. En 2006, las autoridades españolas detuvieron al menos a 28.000 personas que llegaron a las Islas Canarias después de un peligroso viaje por alta mar hacinados en barcos de pesca. Muchos llegan en condiciones lamentables, demasiado débiles para caminar o ponerse de pie, y con desnutrición crónica. Sin embargo, la mayoría de ellos son detenidos e internados en centros de procesamiento o detención antes de ser repatriados por la fuerza a sus países de origen.


Nadie sabe cuántos miles de personas mueren al intentar hacer el viaje, pero con frecuencia aparecen cuerpos arrastrados a las playas o enredados en las redes de los pescadores. El 18 de diciembre de 2006, la prensa internacional informó de que, en un solo día, más de cien refugiados que se dirigían a España se habían ahogado en la costa de Senegal. Sin embargo, tal como señala Markku Niskala, Secretario General de la Federación Internacional de la Cruz Roja: «Esta crisis está siendo ignorada por completo: no es sólo que nadie acuda en ayuda de estas personas desesperadas, sino que ni siquiera hay ninguna organización que compile estadísticas que registren esta tragedia diaria.»


La respuesta de la Unión Europea a los refugiados del hambre africanos se enfoca cada vez más a militarizar los procedimientos de inmigración y las patrullas fronterizas. Una nueva institución, denominada Frontex, está formada por equipos de guardias fronterizos de intervención rápida. La «Operación Hera II» de Frontex involucró a botes, aviones y helicópteros de patrulla de España, Italia, Finlandia y Portugal operando a lo largo de las fronteras de Mauritania, Senegal y Cabo Verde para interceptar barcos y obligarlos a volver a la orilla inmediatamente. Parece ser que la creencia de los gobiernos europeos es que es posible tratar el drama de la migración como un problema militar y policial.


Proteger a las personas que huyen del hambre.
La mayoría de las personas que huyen del hambre ven denegada su entrada y protección en otros países porque no reúnen los requisitos para ser calificados como «refugiados» en su sentido tradicional y legal. Según el derecho internacional, todos los gobiernos tienen la obligación legal de acoger a los solicitantes de asilo, así como de proporcionar protección a los refugiados. Sin embargo, la definición de «refugiado» queda muy limitada por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967.


Pocas personas que huyen del hambre reciben alguna de las protecciones inherentes a la condición de refugiado o el derecho de no devolución, incluso cuando corren el riesgo de graves violaciones del derecho a la alimentación, equivalentes a una amenaza para su vida. La mayoría de las personas que huyen a través de las fronteras internacionales para escapar del hambre y la inanición reciben un trato de «migrantes ilegales por razones económicas». Sin embargo, la mera insinuación de que las personas que huyen del hambre y la inanición son simplemente «migrantes por razones económicas» y no se ven obligados a emigrar, sino que simplemente han optado por buscar una vida mejor, implica no reconocer la amenaza para sus vidas que supone la situación a la que se enfrentan. Es absurdo insinuar que las personas que huyen del hambre y la inanición lo hacen «voluntariamente». El Relator Especial insiste en este punto crucial: los refugiados del hambre no deben confundirse con los «migrantes por razones económicas». Cuando un «migrante por razones económicas» busca una vida mejor emigrando a otro país, lo hace voluntariamente. Por el contrario, los refugiados del hambre no se trasladan voluntariamente, sino por un «estado de necesidad»: se ven obligados a huir. Sobre todo cuando el hambre ataca a un país por completo o a una región entera (por ejemplo la hambruna de 2005 en la zona del Sahel del África subsahariana), los refugiados del hambre no tienen otro remedio que huir a través de las fronteras internacionales. El hambre plantea una amenaza inmediata para sus vidas y las de sus familias. Huyen por necesidad, no por su propia elección. El concepto de «estado de necesidad» (état de nécessité) es una noción bien desarrollada y establecida en los países con derecho consuetudinario y código civil.


En lo que concierne al hambre y la inanición, no es difícil establecer objetivamente tal estado de la necesidad. Tanto el Programa Mundial de Alimentos como la FAO emiten regularmente informes que identifican las regiones donde hay emergencias alimentarias crónicas e incluso el número de personas que sufren de niveles de desnutrición agudos y crónicos. Por lo tanto, basándose en este concepto, sería posible establecer quién huye del hambre y la inanición y no por otras razones, así como prever la protección de los refugiados del hambre por medio del reconocimiento de que tienen el derecho a solicitar asilo y a recibir protección como refugiados temporales. El Relator Especial insta a los Estados a considerar la creación de un nuevo instrumento jurídico para proteger a las personas que huyen del hambre y las violaciones del derecho a la alimentación.


Nuevos y poderosos actores no estatales: las empresas transnacionales.
Un fenómeno que afecta al derecho a la alimentación es el creciente control de vastos sectores de la economía mundial por corporaciones transnacionales. En la actualidad, las doscientas principales corporaciones controlan aproximadamente una cuarta parte del total de los activos productivos mundiales. Muchas empresas transnacionales tienen ingresos que superan con creces aquellos de los gobiernos de los países en los que operan. La concentración ha generado enormes corporaciones transnacionales que monopolizan la cadena alimentaria desde la producción, el comercio y el procesamiento hasta la comercialización y la venta al por menor de alimentos, dando como resultado un estrechamiento de las opciones para agricultores y consumidores. Sólo 10 corporaciones, entre las cuales están Aventis, Monsanto, Pioneer y Syngenta, controlan un tercio del mercado de semillas, valorado en 23.000 millones de dólares, y el 80 % del mercado mundial de pesticidas, valorado en 28.000 millones de dólares. Otras 10 corporaciones, entre las que se encuentra Cargill, controlan el 57 % del total de ventas de los treinta principales minoristas del mundo, y representan el 37 % de los ingresos de las cien principales empresas de alimentación y bebidas.


Aunque la participación de las empresas del sector privado en los sectores alimentario y agrícola puede mejorar la eficiencia, tal concentración de poder monopolístico conlleva el peligro no beneficiar ni a los pequeños productores ni a los consumidores. Por ejemplo, el diseño de semillas genéticamente modificadas ha estado en gran parte motivado por la creación de una integración vertical entre semillas, pesticidas y producción para aumentar los beneficios empresariales. La FAO ha revelado que el 85 % de todas las plantaciones de cultivos transgénicos son soja, maíz y algodón, modificados para reducir los costes laborales y de insumos para los sistemas de producción a gran escala, pero no diseñados «para alimentar al mundo o aumentar la calidad de los alimentos» (L. O. Fresco, ¿Qué camino tomamos? Aprovechamiento de los recursos genéticos y utilización de la biología: un nuevo contrato para la agricultura sostenible). No se ha realizado ninguna inversión seria en ninguno de los cinco cultivos más importantes de los países más pobres: sorgo, mijo, frijol, garbanzo y cacahuete. Sólo el 1 % de los presupuestos de investigación y desarrollo de las empresas multinacionales se gasta en cultivos que podrían ser útiles para los países en desarrollo en las regiones áridas.


Por otra parte, las empresas transnacionales tienen un poder cada vez mayor sobre el suministro de agua, que está cada vez más liberalizado en todo el mundo. En muchos casos, la participación del sector privado en los servicios de agua se ha convertido en una condición previa del FMI y el Banco Mundial para la concesión de préstamos y donaciones a los países en desarrollo. Apenas tres empresas, Veolia Environnement, anteriormente Vivendi Environnement, Suez Lyonnaise des Eaux y Bechtel (Estados Unidos), controlan la mayoría de las concesiones privadas en todo el mundo.


Pruebas recientes sobre la privatización del agua indican que, aunque en algunos casos puede conllevar una mayor eficiencia, a menudo implica precios más altos fuera del alcance de los más pobres. El caso de Cochabamba, Bolivia, se hizo famoso. Un estudio sobre la privatización de los servicios de agua en Manila muestra algunos efectos positivos, con un millón más de conexiones a la red entre 1997 y 2003, pero el precio también aumentó un 425 %, consiguiendo que dichos servicios fueran demasiado caros para los pobres. El estudio sugiere que se discrimina a los más pobres por partida doble, ya que los precios son más altos en las comunidades más pobres y la calidad del agua se ha deteriorado rápidamente en las zonas más pobres de la ciudad. El estudio concluyó que no había ningún mecanismo independiente para la rendición de cuentas y que las poblaciones afectadas no fueron capaces de participar en el proceso. WaterAid y Tearfund han presentado las mismas conclusiones en un estudio financiado por el gobierno del Reino Unido sobre los efectos de la privatización del agua en diez países en desarrollo.


A pesar del hecho de que las empresas transnacionales controlan cada vez más nuestro suministro de agua y comida, todavía hay relativamente pocos mecanismos establecidos para garantizar que se respetan las normas y no se violan los derechos humanos. El exsecretario general Boutros-Ghali señaló en 1996 que el alcance global de las empresas transnacionales no iba parejo a un sistema de rendición de cuentas global y coherente.


En muchos casos, las empresas transnacionales han optado voluntariamente por acatar las normas de derechos humanos por medio de la adopción de códigos de conducta y políticas internas. Nestlé es un buen ejemplo. Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por el hecho de que Nestlé domina el mercado de sucedáneos de la leche materna en muchos países, mientras que sus prácticas de comercialización violan el Código Internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna (www.ibfan.org) acordado internacionalmente. Las agencias de las Naciones Unidas, incluyendo UNICEF, han expresado preocupaciones similares.


Erradicar el hambre y alcanzar completamente el derecho a la alimentación dependerá por tanto de los esfuerzos para abordar los problemas globales de la degradación y desertificación de la tierra, así como de la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África. Desafortunadamente, se han destinado pocos recursos para las tierras áridas rurales. Los esfuerzos internacionales para combatir el hambre (incluyendo las estrategias para la reducción de la pobreza) todavía prestan poca atención a los problemas de la degradación de la tierra y la desertificación. Los donantes sí que responden a las sequías severas ofreciendo ayuda alimentaria, pero hacen poco en lo que concierne a la ayuda al desarrollo a más largo plazo, que sería la manera de romper el ciclo de las repetidas sequías, la degradación y la miseria. La ayuda alimentaria salva vidas, pero no proporciona medios de subsistencia: no es una solución a largo plazo, como ha podido comprobar el Relator Especial en varios países del Sahel y el cuerno de África.


Biocombustibles.
Una cuestión muy preocupante para el derecho a la alimentación es el efecto de los biocombustibles sobre el hambre. En su último informe a la Asamblea General, el Relator Especial calificó como una receta para el desastre la mal concebida y repentina fiebre por convertir en combustibles alimentos tales como el maíz, el trigo, el azúcar y el aceite de palma. Se estima que se necesitan unos 200 kg de maíz para llenar el depósito de un coche (unos cincuenta litros) con biocombustibles, comida suficiente para alimentar a una persona durante un año. Hay por lo tanto serios riesgos de fomentar una batalla entre alimento y combustible que dejará a los pobres y hambrientos de los países en desarrollo a merced del rápido aumento de los precios de los alimentos, la tierra y el agua. Si continúan los métodos agroindustriales para convertir los alimentos en combustible, entonces también se corre el riesgo de que dé lugar a desempleo y violaciones del derecho a la alimentación, a menos que se establezcan medidas específicas para asegurar que los biocombustibles contribuyan al desarrollo de los pequeños campesinos y la agricultura familiar.


La repentina eclosión del interés por los biocombustibles se hace evidente en el aumento masivo de la inversión y el establecimiento de ambiciosos objetivos en relación con los combustibles renovables en los países occidentales. La Unión Europea exige que los biocombustibles proporcionen el 5,75 % de la energía del transporte en Europa para el año 2010 y el 10 % para el 2020. Los EE. UU. han establecido objetivos para aumentar el uso de biocombustibles para la energía hasta los 35.000 millones de galones al año (más de 132.000 millones de litros). Pero la producción agrícola de los países industrializados no puede alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, para satisfacer estas necesidades, los países industrializados del norte ponen su mira en la producción de los países del hemisferio sur.


Aumentar la producción de biocombustibles podría traer consecuencias positivas para el cambio climático y para los agricultores de los países en desarrollo, incluso mejorando la seguridad alimentaria, siempre que los beneficios se filtraran hacia las capas más bajas. Sin embargo, el hecho de que el aumento de la producción de biocombustibles haya resultado en mayores niveles de hambruna resulta inaceptable. El mayor riesgo se debe a que la dependencia del modelo de producción agroindustrial no podrá beneficiar a los campesinos pobres y generará violaciones del derecho a la alimentación.


El respetado comité de expertos internacional IFPRI (International Food Policy Research Institute o Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias) ha estimado que los precios subirán dramáticamente en un futuro próximo si se aumenta la producción de biocombustibles, pronosticando un aumento del 20 % en el precio internacional del maíz entre 2008 y 2010, y otro 41 % para el año 2020. Ya hay informes que indican que el precio global del maíz se ha duplicado en el último año. Los precios de los cultivos de aceite vegetal, especialmente la soja y el girasol, podrían aumentar un 26 % para el año 2010 y un 76 % para el 2020, mientras que los precios del trigo podrían aumentar en un 11 % y luego un 30 %. En las regiones más pobres del África subsahariana, Asia e Hispanoamérica, el precio de la mandioca podría aumentar en un 33 % y hasta un 135 % en 2020. Las consecuencias de un aumento tan rápido en los precios de los alimentos serían graves. El IFPRI pronostica que el número de personas que sufren de desnutrición se incrementará en 16 millones de personas por cada punto porcentual de aumento en el precio real de los alimentos de primera necesidad. Así, para el año 2025, 1200 millones de personas estarían padeciendo hambruna.


El cambio a los biocombustibles tendrá muchos otros impactos sobre el derecho a la alimentación. Un rápido incremento en el precio de los cultivos alimentarios intensificará la competición sobre la tierra y otros recursos naturales, incluyendo las reservas forestales. Esto enfrentará a campesinos y comunidades indígenas de los bosques con las megacorporaciones agroindustriales y los grandes inversores, que ya están comprando grandes extensiones de terreno o forzando a los campesinos a abandonar sus tierras. También podría haber repercusiones sobre el empleo y las condiciones de trabajo. Aunque el aumento en la producción de biocombustibles podría ofrecer mejor empleo, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) ya se ha manifestado contra las condiciones de «esclavitud» a las que se enfrentan los trabajadores en algunas de las plantaciones de caña de azúcar del país. Por último, también habrá impactos sobre el aumento de los precios y la escasez de agua. La producción de biocombustibles necesitará grandes cantidades de agua, desviando el agua de la producción de cultivos alimentarios.


Cada vez menos convencidos del impacto positivo neto de la producción de biocombustibles sobre las emisiones de dióxido de carbono, las organizaciones no gubernamentales han comenzado a exigir una moratoria mundial sobre la expansión de los biocombustibles hasta que los potenciales impactos sociales, ambientales y de derechos humanos puedan examinarse por completo y se pongan en marcha las estructuras reguladoras apropiadas para prevenir o mitigar cualquier impacto negativo. Para el Relator Especial, en lugar de utilizar cultivos alimentarios, los biocombustibles deberían obtenerse de plantas no alimenticias, especialmente aquellas que puedan cultivarse en regiones áridas y semiáridas, y de residuos agrícolas, de tal manera que se reduzca la competencia por el alimento, la tierra y el agua. El Relator Especial pide una moratoria de cinco años en todo el mundo sobre la producción de biocombustibles y de biocombustibles diesel.


¿QUÉ ESPERANZA NOS QUEDA?
Directrices del derecho a la alimentación.
Las Directrices del derecho a la alimentación, aprobadas en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO, marcan un paso importante en la definición y aplicación del derecho a la alimentación.


Las Directrices del derecho a la alimentación son pioneras en la medida en que proporcionan una definición internacionalmente aceptada de éste. La definición adoptada por los gobiernos refleja fielmente la adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También refleja la interpretación ofrecida por el Comité de que los Estados están obligados a «respetar, proteger y cumplir» el derecho a una alimentación adecuada. Esto tiene implicaciones importantes para la aceptación de este marco a lo largo de todos los derechos económicos, sociales y culturales.


Las Directrices del derecho a la alimentación también son pioneras en la medida en que reconocen la dimensión internacional relacionada con el derecho a la alimentación y tratan cuestiones como el comercio internacional, la ayuda alimentaria y los embargos. Esto es importante porque amplía la comprensión del derecho a la alimentación más allá de la tradicional relación entre un Estado y sus ciudadanos hacia un mayor reconocimiento de las obligaciones «extraterritoriales». Este conjunto de directrices también trata cuestiones relativas a los agentes no estatales, fomentando la responsabilidad directa sobre el respeto al derecho a la alimentación y una mejor regulación de los mercados para garantizar la seguridad alimentaria.


Las directrices también muestran cómo el derecho a la alimentación puede incorporarse en las instituciones y las estrategias de los gobiernos. Demuestran cómo los principios fundamentales de los derechos humanos (no discriminación, participación, transparencia, responsabilidad y acceso a la justicia) pueden incorporarse en un enfoque basado en los derechos a la seguridad alimentaria. También apelan a los Estados para la promoción de un «amplio desarrollo económico que apoye sus políticas de seguridad alimentaria», para que «lleven a cabo políticas integradoras, no discriminatorias y sólidas en su economía, agricultura, pesca, bosques, utilización del suelo y, según proceda, reformas agrarias» y para incorporar el derecho a la alimentación en las estrategias de reducción de la pobreza. También instan a los Estados para que «consideren los defectos de los mecanismos de mercado en la protección del medioambiente y los servicios públicos esenciales», particularmente para las mujeres y los grupos vulnerables. Las Directrices del derecho a la alimentación apelan a los Estados para que establezcan mecanismos para informar a la gente de sus derechos y para mejorar el acceso a la Justicia en relación con el derecho a la alimentación.

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