jueves, 19 de diciembre de 2013

Reforma de la constitución


Cuando se cumple el 35 aniversario de nuestra Carta Magna, estamos viendo cómo un número cada vez mayor de representantes políticos se manifiestan en pro de llevar a cabo una reforma constitucional, bien sea a favor de los independentismos (Alfredo Pérez Rubalcaba) o en su contra (Susana Díaz), para intentar frenar la crisis (Gerardo Iglesias), para eliminar el sistema bipartidista imperante en la actualidad (Pablo Sebastián) o en pos de una verdadera separación de poderes y listas abiertas en los partidos (Fernando Álvarez de Miranda, presidente del Congreso que firmó la Constitución).

Más allá de esas propuestas, es más que evidente que existe una enorme brecha entre nuestro texto constitucional y la realidad sociopolítica de nuestro país. Aparte de las limitaciones que la Constitución Española interpone ante los deseos de muchos colectivos y el desarrollo de la democracia en general (como es el caso de la anticuada Ley D’Hondt, de la prácticamente nula eficacia de la Iniciativa Legislativa Popular por su limitadísima regulación —sobre todo si la comparamos con la reciente Iniciativa Ciudadana Europea, regulada en términos mucho más generosos con el principio constitucional de participación—, o del indebido funcionamiento de la división de poderes, con demasiadas interferencias por parte del ejecutivo en los poderes legislativo —por medio del Decreto-Ley, en infinidad de ocasiones incumpliendo manifiestamente el requisito de «extraordinaria y urgente necesidad» que establece el artículo 86— y judicial—a través de la prerrogativa de gracia, residuo del absolutismo monárquico que, mediante el indulto, le permite rectificar o anular los efectos de las sentencias de los tribunales penales— y poco control de éste por parte del legislativo, concentrándose el poder en el Gobierno en detrimento del Parlamento) y de sus muchos anacronismos (Corona, Estado de la Autonomías o del «café para todos»), es obvio que nuestra Carta Magna nos otorga una serie de derechos que la realidad se obstina en arrebatarnos, ya sea debido a la situación económica, a la corrupción política, a los poderes fácticos o por mera incompetencia y negligencia de nuestros dirigentes.

También es patente el reverencial y desproporcionado respeto que los españoles, sobre todo nuestra inmovilista casta política, mostramos hacia cualquier idea de reforma en general y de nuestra Constitución en particular, bien por miedo a la inestabilidad o simplemente porque no ha existido el suficiente consenso entre las fuerzas políticas. En el imaginario colectivo, esta proverbial veneración hacia nuestro texto constitucional va normalmente asociada únicamente a los aspectos territoriales y monárquicos, cuando en realidad abarca muchas más cuestiones, que afectan al desarrollo social, político y económico, así como a la convivencia, toda vez que nuestra realidad ha cambiado sobremanera en los últimos 35 años (léase, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la sentencia 198/2012 del Tribunal Constitucional al respecto).

Como destaca en Diario del Derecho D.ª Susana Galera Rodrigo, muchas de cuyas reflexiones gloso más adelante, resulta cuando menos llamativo que textos constitucionales de nuestro entorno se hayan modificado varias decenas de veces, mientras que nuestra Constitución sólo ha sufrido dos modificaciones en sus más de treinta años de vigencia, y en ambos casos impuestas por imperativos del Derecho Europeo: una menor (la del artículo 13.2) y otra de urgencia (la del artículo 135). Como si se tratara de un laberinto, el propio texto restringe exageradamente la reforma del Título Preliminar, los Derechos Fundamentales y la Corona, para lo cual se necesita disolver las Cortes y juntar a ambos Parlamentos.

En cambio, existen una serie de artículos totalmente obsoletos cuya reforma debería plantearse:

• Artículos 9.2, 23, 66 a 69, 105 y 125: en la antigua dialéctica democracia representativa / democracia participativa, los ciudadanos experimentan cada vez una mayor desconfianza y desafección hacia las instituciones representativas, sintiendo como insuficiente su participación en la vida política que, demasiadas veces, se reduce a las correspondientes convocatorias electorales en las que optan entre varias opciones de listas cerradas de candidatos. El resultado, desagradable en muchos casos, es que se sustituye por el derecho de manifestación el negado derecho de iniciativa legislativa, con escasas opciones de prosperar (véase la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, rechazada inicialmente pese a contar con más de millón y medio de suscriptores, tomada en cuenta posteriormente debido al clamor popular, finalmente viciada y confeccionada a medida de la gran banca, y culminando, para más INRI, con los golpes en el pecho de nuestro gobierno, afirmando con su característico descaro que toda la iniciativa había partido de ellos desde un primer momento) debido a las limitaciones impuestas tanto por el artículo 87.3 como por la Ley Orgánica 3/1984 (es decir, de hace casi treinta años) que la regula. No provocan pues extrañeza las cifras resultantes de la suerte de las Iniciativas Legislativas presentadas: de un total de 90, sólo una ha resultado en una única Ley adoptada, 30 han sido inadmitidas, 4 se encuentran en tramitación en la actualidad (entre ellas la dación en pago y paralización de desahucios) y el resto han caducado o han sido rechazadas. Entre las inadmitidas se encuentran algunas de especial trascendencia social, como las que proponían el aumento del período de baja maternal (2006), la creación de un parque de vivienda social en régimen de alquiler (2011), la modificación de la ejecución hipotecaria (2011) o la eliminación de prebendas de la clase política cesada (2012).
Es claro el retraso español si lo comparamos con la Iniciativa ciudadana europea que, por ejemplo, no excluye ninguna materia (algunas de las iniciativas en tramitación no habrían pasado el filtro en el ámbito español, que no admite materias constitucionales, propias de ley orgánica o relativas a derechos fundamentales y libertades), establece un generoso plazo de doce meses —prorrogables— para recabar las firmas y exige un millón de firmas dentro de un territorio de 500 millones de habitantes (en España equivaldría a unas 83.000 firmas, en lugar de las 500.000 necesarias actualmente), todo ello adecuado a una evidente demanda social de participación política y acercamiento de las instituciones a los ciudadanos que no puede posponerse por más tiempo por parte de unas instituciones nacionales que han permanecido básicamente inalteradas desde su creación en el siglo XVIII y que deben adaptarse ya a las nuevas formas de ejercicio del poder público que demanda la sociedad del siglo XXI.
La casta política que se escuda tras nuestro insuficiente y debilitado texto constitucional debe dejar de hacer oídos sordos a una sociedad que exige de manera explícita y vehemente una mayor participación en la vida pública, que no se conforma con la pasividad o la delegación cada cuatro años. Mucho antes de la crisis, la forma de ver la política ya había cambiado en España; ya no se acepta que ésta se reduzca a lo que decidan unos cargos públicos muy reducidos o los grupos de presión. Los ciudadanos se sienten alejados de sus representantes y reclaman una mayor transparencia en el poder y una apertura de los partidos, no sólo por la incapacidad manifiesta de los dirigentes a la hora de gestionar la situación económica, sino fundamentalmente por las estrechas estructuras de nuestro sistema político, donde la Ley Electoral y los Reglamentos parlamentarios desempeñan un papel obsoleto y oxidado.
El sistema electoral ideado en 1978, basado en la provincia como circunscripción electoral, la ley d’Hondt como supuesta (pero fallida) garante de la proporcionalidad, y las listas cerradas, ha alejado a los parlamentarios de los electores hasta extremos difícilmente aceptables.
Asimismo, debería limitarse el número de mandatos consecutivos de los parlamentarios, endurecer las incompatibilidades y sanear la muy deficiente democracia interna de los partidos.

• Artículos 41, 43, 47 y 50: encuadrados dentro del Capítulo III del Título I («principios rectores de la política social y económica»), se trata del régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo; la protección de la salud pública; disfrutar de una vivienda digna y adecuada; y unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas que garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Según Diego López Garrido, estos cuatro artículos deberían moverse al Capítulo II del Título Preliminar y convertirse en derechos fundamentales. Sin embargo, las políticas de austeridad, agravadas por unos impuestos cada vez más regresivos, los han situado al borde del abismo. Un Estado del Bienestar que no nos retrotraiga a la Edad Media sólo puede garantizarse con un «sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad», tal y como reza el artículo 31. Si el recientemente reformado artículo 135 nos obliga a cumplir estrictamente con un equilibrio en las cuentas públicas para evitar el déficit (principio de estabilidad presupuestaria), pero a la vez queremos disfrutar de estos cuatro imprescindibles derechos (principio de suficiencia del sistema tributario), hay que gravar más a quienes tengan mayor capacidad económica y luchar en serio contra el fraude fiscal, en lugar de permitir inversiones en paraísos fiscales o en productos como las SICAV, promover el lavado de dinero negro por medio de amnistías fiscales a medida de los amigotes de la casta o hacer la vista gorda con el pequeño defraudador del tipo «¿con IVA o sin IVA?».
Hoy en día, la canallesca propaganda neoliberal ha conseguido lavar el cerebro de miles de españoles que, carentes de criterio, levantan su dedo acusador contra quienes se ven obligados a solicitar subsidios de desempleo o de cualquier otro tipo. Olvidan estos individuos que, mes a mes, todos los trabadores realizan una aportación económica, descontada en su nómina, para cubrir un posible período de desempleo. Muchos afortunados nunca necesitarán recurrir a esa reserva durante toda su vida laboral; muchos otros se verán obligados a ello, en algunos casos (los menos) incluso superando lo que hayan aportado anteriormente. Estos últimos son quienes sufren la ira y la inquina de los adláteres de los tertulianos de la TDT y determinadas emisoras de radio, obviando nuestros dos milenios de sedimento cristiano, uno de cuyos fundamentos es la solidaridad. Olvidan asimismo que, también mes a mes, todos los trabajadores y todas las empresas realizan sus correspondientes aportaciones económicas a la Seguridad Social para cubrir la asistencia sanitaria, las jubilaciones, etc. de millones de ciudadanos que han estado pagando por ello durante toda su vida laboral. La ineptitud de nuestros gobernantes para gestionar nuestros abultados impuestos no justifica que tengamos que sufrir la necedad de las arengas fanatizadas de docenas de tarugos indocumentados.

Artículo 57.1: ya que, incluso a estas alturas y «con la que está cayendo», la sola mención de la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república resulta blasfemo para buena parte de la ciudadanía, por lo menos resultaría apropiado la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono que, por otra parte, contradice el principio (básico del ordenamiento jurídico español y universalmente reconocido) de igualdad sin discriminación por razón de sexo proclamado en el artículo 14, encuadrado dentro de los derechos y deberes fundamentales, y por ende prevalente sobre títulos de menor rango constitucional como es el de la Corona.
Ya en 1983 resultaba incomprensible e intolerable que, al ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado español se obstinara en incluir la reserva de que dicha ratificación «no afectará a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española». Treinta años después, habiendo aprobado una flamante Ley de Igualdad, reservas y excepciones de este tipo suponen un anacronismo inaceptable. Las nuevas generaciones de españoles que desde entonces han hecho presencia en nuestra sociedad han incorporado a su cultura cívica el principio de la igualdad de sexos como un valor entendido que no necesita justificación alguna.
La supresión de la preferencia masculina en el acceso a la Corona respondería al sentir mayoritario del pueblo español con respecto a la discriminación por razón de sexo y nos situaría en la senda de otras monarquías europeas que nos han precedido a la hora de llevar a cabo esa supresión. Suecia instauró la plena igualdad por razón de sexo en la sucesión al trono en 1980, Holanda en 1983, Noruega (país que ha modificado su Constitución en repetidas ocasiones sin provocar catástrofe natural alguna) en 1990 y Bélgica en 1991.


Artículo 93: mientras que en Alemania (por poner un ejemplo), su jefa del ejecutivo (Angela Merkel) se las ve y se las desea para convencer a su Cámara Legislativa de la pertinencia de las posiciones que más adelante (con su autorización) mantendrá en el Consejo Europeo, nuestra versión es exactamente la contraria, pues nuestro jefe del ejecutivo (Mariano Rajoy) acude al Consejo Europeo, defiende la posición que, según su único criterio, estime más adecuada para España, y a la vuelta de su viaje, ya a toro pasado, relata en el Congreso los tratados europeos que ha ratificado, bien en persona, bien por medio de esa orwelliana pantalla de plasma que tanto regocijo provoca entre los reporteros patrios. Y es que nuestro lacónico artículo 93 (que, por otra parte, se desentiende de las consecuencias que se deriven de dichas ratificaciones) no llega tan lejos como el correlativo artículo 23 de la Ley Fundamental de Bonn, la cual impone a su poder ejecutivo, con carácter previo a constituirse en legislador comunitario, la obligación de consultar el criterio de su Parlamento cuando en los foros europeos se vayan a adoptar las decisiones políticas más importantes, así como de recabar la posición del Bundesrat (Cámara alta) cuando los intereses de los Länder (estados federados) resulten afectados. Así, se da la paradoja de que el Parlamento alemán debatiera en su día las condiciones del rescate a la banca española, debate que jamás se produjo en el Parlamento español (por no hablar del Gobierno, que se empecinó en negar que estuviéramos siendo rescatados).


Como indica el Informe sobre modificaciones de la Constitución Española, emitido por el Consejo de Estado en febrero de 2006, los textos constitucionales no pueden pretender ser definitivos, ni aspirar a permanecer intangibles, si se quiere que continúen sirviendo con fidelidad a los objetivos que se han marcado desde su origen. Las generaciones posteriores a la constituyente tienen también el derecho de revisar sus formulaciones. En tanto que fundamento de la convivencia colectiva, las constituciones no pueden ser indiferentes ni insensibles a los cambios relevantes que se producen en la comunidad. La adaptabilidad de las constituciones es un valor positivo para su pervivencia. Las más duraderas y estables son las que han sido capaces de introducir reformas parciales.
Nuestra realidad no es la misma que en 1978; Europa y el mundo han cambiado vertiginosamente a nuestro alrededor. Para preservar la vitalidad normativa del texto, resulta muy aconsejable que algunas de las disposiciones de nuestra Constitución se acomoden a ese cambio.

3 comentarios:

Susana dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Susana dijo...

Excelente "repasito"; aunque puestos a ser exhaustivos, yo incluiría el "retoque" del artículo 45 que reconoce el "derecho a un medio ambiente adecuado": no obstante su dicción, no es un "derecho fundamental" equiparable a los de la Sección 1ª, Cap.2º, T´tiulo I, sino un "Principio Rector" que informa la acción de los poderes públicos (Cap. 3º, Título I).

Esta pequeña diferencia de ubicación tiene fundamentales consecuencias: por ej., que no se pueda recabar directamente su tutela por la via judicial, al ser un "derecho de configuración legal" que se concretará (o no) en la correspondiente Ley.

En otros países no es así: cuando Francia introdujo el derecho al medio ambiente en su Constitución (al no estar en el texto inicial) le dio la máxima protección. Un ejemplo: el Consejo Constitucional francés declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal (Code de l’Environment) que permitía la derogación de medidas de protección ambientales por vía reglamentaria sin participación del público. Más detalles en el post "Participación Ciudadana (Francia)" en http://sgalera.wordpress.com/category/medio-ambiente/.

Es lo que tuvo la Revolución Francesa, aun siglo y medio después no admiten el mínimo ninguneo a la ciudadanía.

El último que apague la luz dijo...

Totalmente de acuerdo, Susana. Muchas gracias por el comentario.