miércoles, 12 de febrero de 2014

Una reforma del aborto inhumana e incoherente


El número de abortos practicados en España descendió un 25 % desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010; aunque el ministerio de Sanidad borre el dato de su página de internet, no van a conseguir cambiar la realidad de este hecho. Sí, estoy hablando de la reforma de la Ley de 1985 que, según organizaciones medievalizantes y tertulianos de la TDT, daba carta blanca a las niñas de 16 y 17 años para que, tras sus devaneos y promiscuidades, se deshicieran de sus bebés sin ni siquiera informar a sus progenitores. Se conoce que el carácter oscurantista de esos individuos les impide tomarse la molestia de leer el texto de dicha ley, en cuyo artículo 13 podrían comprobar cómo establece que «Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer (se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo)».


Obviando todo lo anterior, la insistencia y la contumacia de esas soflamas consiguieron convencer a un determinado sector del PP que, con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, emprendieron una contrarreforma que amenaza con devolvernos a la época predemocrática. Una contrarreforma basada únicamente en ideologías, que hace caso omiso de los profesionales en la materia y obvia hechos probados y demostraciones científicas. Se empeñan en legislar cuando lo que hay que hacer es educar.


Extraña asimismo que el ministerio de Justicia tome la iniciativa de un asunto que debería corresponder a Sanidad, aunque la incompetencia de Ana Mato explica bastante las cosas. También extraña que un reconocido católico practicante se empecine en sacar adelante una normativa que haría sufrir incluso hasta la muerte a madres de fetos inviables, y que obligaría al nacimiento de niños con todo tipo de malformaciones a sabiendas de que van a vivir en una sociedad que niega cada vez en mayor medida cualquier tipo de ayudas para sobrellevar este tipo de situaciones. No extraña pues que una gran cantidad de comunidades cristianas, que al contrario que el Sr. Gallardón no olvidan lo que es la piedad, se hayan opuesto a esta ley.

 

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