jueves, 17 de agosto de 2017

Reflexiones sobre el Brexit


El pasado 29 de marzo, Theresa May, primera ministra del Reino Unido, envió a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, la carta en la que le informaba de la activación del artículo 50.2 del Tratado de la Unión Europea, es decir, de la puesta en marcha de la salida del Reino Unido de la UE tras el referéndum del 23 de junio de 2016. Si bien este hecho puede parecer natural a la vista de su postura desde que asumió su nuevo cargo, no debemos olvidar que, como informaba Euronews unos días después del referéndum, «Durante la campaña se posicionó a favor de permanecer en la UE, ceñida al argumento gubernamental: que a Gran Bretaña le iría mejor dentro de la Unión Europea. En aquellos días, advirtió a los votantes de que el Brexit podría tener efectos gravemente perjudiciales para la economía, la seguridad e incluso el formato actual del Reino Unido. May afirmó que abandonar la UE sería “desastroso para la unión con Escocia”, ya que lo más probable es que el Partido Nacional Escocés (SNP) volviera a tantear la independencia si Escocia votara por permanecer en la UE mientras el Reino Unido en su conjunto votara por salir. Dijo que el acceso a la Euroorden y otros instrumentos jurídicos implicaban que, “A mi juicio como ministra de Interior, permanecer en la Unión Europea significa una mayor seguridad contra el crimen y el terrorismo”. May también alertó sobre las consecuencias económicas del Brexit, subrayando las normas de la Organización Mundial del Comercio que “obligarían a la UE a cobrar aranceles de un diez por ciento” en algunas exportaciones del Reino Unido y que, si bien no todos los aranceles son tan altos, “algunos son considerablemente superiores”. Esta sería la situación, afirmó, hasta que se pueda llegar a un acuerdo comercial con la UE. Es decepcionante que, ahora que se supone que está al mando, ignore alegremente sus propias advertencias y se disponga a llevar a cabo un daño autoinfligido sobre la economía británica al desinvolucrar al Reino Unido del mercado común».


Un mes antes del referéndum, en el transcurso de una audiencia secreta con un grupo de banqueros de inversiones, Theresa May advirtió de que las empresas abandonarían el Reino Unido si el país votaba a favor del Brexit. Una grabación de sus observaciones a Goldman Sachs, filtradas a The Guardian, revela sus muchas inquietudes al respecto de la salida de la UE por parte del Reino Unido; lo que contrasta con sus matizados discursos en público, que consternaron a los defensores de la permanencia antes de la votación de junio de 2016. En su charla en Londres el 26 de mayo de 2016 en dicho banco, la por aquel entonces ministra de Interior pareció ir más allá de sus intervenciones públicas para explicar con mayor claridad los beneficios económicos de permanecer en la UE: comunicó a los presentes que era el momento de que el Reino Unido tomara el mando en Europa y que esperaba que los votantes miraran hacia el futuro más que hacia el pasado. En una sesión de una hora ante los banqueros de la Ciudad de Londres, también se mostró preocupada por el efecto del Brexit en la economía británica: «Me parece que los argumentos económicos son evidentes», dijo. «Considero que formar parte de un bloque comercial de 500 millones de personas es importante para nosotros. Mantengo que una de las razones por las que mucha gente puede invertir en el Reino Unido es porque forma parte de Europa. Es por ello que pienso que existen claras ventajas económicas para nosotros». May también afirmó en Goldman Sachs que estaba convencida de que la mejor manera de garantizar la seguridad británica era permanecer en Europa, merced a instrumentos como la Orden de Detención Europea y el intercambio de información entre la policía y los servicios de inteligencia.


Sin embargo, oportunista ella, tras la dimisión de Cameron y hasta las elecciones del pasado 8 de junio, como explica Pablo Guimón en El País, «May se mostró partidaria del Brexit duro. Rechazó cualquier concesión en el control de las fronteras y aceptó una salida limpia del mercado único y la unión aduanera. Pero el mal resultado electoral encierra, así se ha interpretado casi unánimemente, un rechazo a la línea dura. Ahora el término de moda es el Brexit “pragmático”. El Reino Unido está dispuesto a permitir la libre circulación de ciudadanos de la UE una vez se haya producido el Brexit, en marzo de 2019, durante un periodo transitorio de al menos dos años. Así lo han reconocido incluso algunos de los ministros más euroescépticos de un gobierno debilitado, que parece así ceder al clamor del mundo empresarial, temeroso de los efectos negativos para la economía de una ruptura radical con el bloque. Resulta significativo que el propio Michael Gove, primer espada de la campaña por el Brexit en el referéndum y hoy secretario de Estado para asuntos de medioambiente, alimentación y espacio rural, haya sido el encargado de reconocer que el gobierno está de acuerdo en la necesidad de un periodo transitorio con “un acercamiento pragmático” a la libre circulación de personas. La idea de un periodo transitorio siempre ha disgustado a los más eurófobos, que temen que se prolongue indefinidamente, dejando al país en una situación como la de Noruega, que contribuye a las arcas de la UE y está sujeta a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no tiene voz ni voto en Bruselas. Tampoco es que les quede otra opción si, además del batacazo electoral, tenemos en cuenta la encuesta de YouGov para The Economist que constata cómo el 51 % de los británicos quiere un Brexit suave frente al 44 % que prefiere una ruptura radical. Los términos del divorcio y del futuro acuerdo deberían estar cerrados en otoño del año que viene para que el Parlamento Europeo pueda ratificarlo en plazo. Y ahí sí que parece que se ha alcanzado un acuerdo: es materialmente imposible. Por eso, el gobierno de May ha reconocido que será necesario un periodo transitorio —“fase de implementación” es el eufemismo elegido— que evite el salto al vacío tras el 30 de marzo de 2019. En el primer trimestre de 2017, el Reino Unido ha pasado de ser una de las economías que más crecía de la UE a ser la que crece más lentamente».


Unos meses antes de la puesta en marcha de la salida del Reino Unido de la UE, Gideon Rachman alertaba desde el Financial Times de que «En cuanto Theresa May active el artículo 50, tendrá exactamente dos años para negociar un nuevo acuerdo con la UE. El alto funcionariado ha informado a la primera ministra de que es altamente improbable que el Reino Unido pueda negociar tanto los términos de su divorcio con la UE como un nuevo acuerdo comercial en ese plazo. De ese modo, ha colocado deliberadamente al Reino Unido en grave desventaja de cara a las negociaciones venideras. Tan pronto como el Reino Unido ponga en marcha el artículo 50, la UE puede dedicarse sin más a dejar correr el reloj, sabiendo que la situación del Reino Unido se volverá más complicada cuanto más se prolonguen las negociaciones sin llegar a un acuerdo. Al término de esos dos años, el Reino Unido estará fuera de la UE y deberá hacer frente a aranceles sobre bienes manufacturados y a la pérdida de los “derechos de pasaporte” que permiten operar en la Unión a las firmas de servicios financieros. Los perjuicios económicos derivados de este “Brexit duro” serían muy graves y torpedearían las finanzas públicas a causa de la retracción de ingresos fiscales provenientes de la City para marcar el inicio de un nuevo período de austeridad. Los entusiastas del Brexit califican todo esto de alarmismo. ¿Por qué —se preguntan— consideraría la UE el restablecimiento de aranceles, algo que podría perjudicar sus propios intereses? Los abandonistas pueden encontrar la respuesta a esa pregunta mirándose en el espejo. Es evidente que la razón principal de la campaña pro-Brexit en el Reino Unido no es económica, sino política, y lo mismo podrá afirmarse del lado de la UE en las negociaciones. En el lado británico, el objetivo político es restaurar la soberanía parlamentaria y recuperar el control sobre la inmigración. En el de la UE, asegurarse de que el Brexit no provoca la disolución de un proyecto europeo que se ha tardado 60 años en construir, lo cual implicará asegurarse de que el Reino Unido pague un alto precio por abandonar la UE. Por consiguiente, ambos bandos aceptarán un cierto perjuicio económico a cambio de no sacrificar sus objetivos políticos. Es probable que el perjuicio económico que sufra la UE sea menor y más manejable que el del Reino Unido. La UE representa un mercado mucho mayor para el Reino Unido que el que éste representa para el resto de Europa. El 44 % de las exportaciones del Reino Unido van hacia la UE, mientras que sólo el 16 % de las de la UE van hacia el Reino Unido. En el Reino Unido hay quien habla alegremente de ampararse en la normativa de la Organización Mundial del Comercio una vez que se haya salido de la UE, pero pasan por alto que el Reino Unido es miembro de la OMC bajo los auspicios de la UE. Incorporarse plenamente a la OMC por separado precisará de otra ronda de complejas negociaciones y, cuanto más se prolonguen, más aumentarán las probabilidades de que el Reino Unido se quede “colgado” en un limbo legal que desaliente las inversiones a largo plazo. La solución más evidente habría sido que el Reino Unido hubiera permanecido en el mercado común de la UE, pero fuera de ésta en tanto en cuanto no se alcanzara un nuevo acuerdo. Al no haber obtenido esa garantía, el gobierno británico ha debilitado gravemente su posición, antes incluso de que hayan comenzado las negociaciones».


Como afirmaba Simon Kuper en Financial Times, «El Brexit se vendió con falsedades y ahora se está gestionando de manera incompetente. Por citar solamente a unos pocos políticos a favor del Brexit: David Davis esbozó un acuerdo con la UE como si bastara con una visita rápida a Berlín; Daniel Hannan afirmó que era obvio que el Reino Unido no iba a salir del mercado único europeo; y Nigel Farage predijo que otros países seguirían a Gran Bretaña en su salida de Europa. No ha salido exactamente como ellos esperaban. La información real que llega del extranjero sigue sorprendiendo a los partidarios de salir de la UE. Incluso el Consejo de Ministros no se había dado cuenta hasta ahora de que Gran Bretaña tendrá que pagar una enorme factura a la UE por su separación. La prensa sensacionalista tampoco se había documentado demasiado: aunque siempre se quejaban de que Gran Bretaña estaba gobernada desde Bruselas, pocos medios se molestaron en mantener allí a un corresponsal a tiempo completo. Gran Bretaña llegó a ser una gran potencia porque fue la primera en desarrollar una economía basada en los combustibles fósiles en el siglo XVIII y por la protección que le otorgaba su situación geográfica insular en una época en la que las naciones todavía se invadían unas a otras. Ninguna de esas ventajas existe hoy en día. En la actualidad, Gran Bretaña es como un pequeño chimpancé que se cree gorila».


Como explicaba en El País Craig Calhoun, de la London School of Economics, «Como consecuencia de la controvertida votación, Theresa May afronta el mayor retroceso de la economía británica desde 2009. El G20 ya ha reclamado que el Reino Unido y la UE pacten una salida rápida y fluida que espante el fantasma de la incertidumbre. La campaña del referéndum se dirigió hacia un nivel tan bajo de información y de calidad del debate que, en lugar de ayudar a los ciudadanos a comprender las cuestiones en juego, los políticos y otros poderes han intentado asustar a la población para encauzar su voto».


Al día siguiente del referéndum, Chris Patten dejó bien clara su opinión en Project Syndicate: «Los referendos reducen lo complejo a una sencillez absurda. Con el Brexit hemos visto la llegada del populismo a lo Donald Trump a Gran Bretaña, una hostilidad generalizada, siguiendo la ola del resentimiento populista, hacia cualquiera al que se considere miembro de la “clase dirigente”. Defensores del Brexit como el secretario de justicia Michael Gove desacreditaron a todos los expertos por considerarlos parte de una servil conspiración de los ricos contra los pobres: todos quedaron retratados como representantes de otro mundo sin relación con las vidas de la gente corriente británica. La mezcla entre cooperación internacional y soberanía compartida que supone la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea se tergiversó en una serie de mendaces afirmaciones y promesas. Se le dijo al pueblo británico que abandonar la UE no acarrearía consecuencias económicas ni pérdidas para todos aquellos sectores de la sociedad que se han estado beneficiando de la pertenencia a Europa. Se prometió a los votantes un tratado comercial ventajoso con Europa (el mayor mercado de Gran Bretaña), menos inmigración y más dinero para el Servicio Nacional de Salud y otros valiosos bienes y servicios públicos. La realidad es que la decisión de abandonar la UE presidirá la vida nacional británica durante la próxima década, o tal vez más: es difícil imaginar contexto alguno en el que el Reino Unido no se volverá más pobre e insignificante en el mundo; muchos de los que fueron alentados a votar por su supuesta “independencia” hallarán que, en vez de ganar libertad, perdieron su puesto de trabajo».

En la misma línea se expresaba John Carlin en El País: «Theresa May y sus subalternos repiten como un mantra que hay que respetar “la voluntad del pueblo”, aportando a la frase un valor sagrado, como si fuese una herejía poner en duda el resultado de un referéndum en el que la gran mayoría votó con poco conocimiento de las consecuencias materiales de abandonar la UE».


Unos días después, Aditya Chakrabortty abundó en el aspecto económico del Brexit en The Guardian: «Gran Bretaña acaba de votar a favor de una gran recesión. Ninguna gran empresa va a estar por la labor de hacer inversiones sólidas en un país desgarrado por la incertidumbre y con una libra esterlina a punto de convertirse en una divisa estancada».

Thomas Piketty, de quien no se puede afirmar que sea un defensor de la política económica de la UE, afirmó en El País que «Las generaciones jóvenes van a sufrir durante mucho tiempo las consecuencias de una opción elegida por la gente mayor». Y más adelante, el premio Nobel Mario Vargas Llosa escribió en los mismos términos: «Los ingleses más jóvenes y mejor educados, más conscientes del riesgo para su futuro que implicaba el aislamiento, votaron por Europa; los más viejos y menos preparados, por la salida. La nostalgia por un mundo que se fue, que no va a volver, y un nacionalismo político y económico trasnochado, prevalecieron sobre el realismo».


Es evidente entonces que la victoria del Brexit se debió tanto a las mentiras de sus dirigentes (empezando por su primer ministro, David Cameron, que nada más levantarse el viernes por la mañana, en su primera aparición pública, hizo exactamente las dos cosas que dijo que no haría: dimitir y retrasar hasta una fecha sin determinar la aplicación del artículo 50 de los tratados de la UE, que regula el abandono de un país miembro) como al entusiasmo con el que los votantes acogieron esas mentiras. Un David Cameron que, como explica Stephen G. Gross en Foreign Affairs, «Redujo las posibilidades del voto a favor de la permanencia por su manera de enfocar el debate. Su intención, como la del primer ministro Harold Wilson en 1975, era utilizar la amenaza del referéndum para conseguir concesiones de Bruselas. En ese proceso, Cameron, al igual que el cabecilla del UKIP Nigel Farage, reafirmó el mensaje refinado por Margaret Thatcher de que los votantes deberían ver a la UE no como un concepto político compartido con el continente, sino como una organización de la que obtener ingresos. Desde esta perspectiva, ¿por qué debería un país permanecer en una entidad política que carece de un ideal unificador, que incluso sus defensores describen como un proyecto utilitarista y que al mismo tiempo parece estar desgastándose desde el punto de vista de la economía y la gestión?» Un David Cameron que meses antes, como escribía Mario Vargas Llosa en El País, «convocó este referéndum con una precipitación innecesaria y lamentable, sin necesidad legal alguna, por un oportunismo político de circunstancias; un error que ha pagado con el fin de su carrera política y que difícilmente le excusará la historia futura de Inglaterra. El triunfo del Brexit sienta un pésimo precedente y es una ayuda invalorable a los partidos, movimientos y grupúsculos antieuropeos y generalmente fascistoides como el Front National de Marine Le Pen en Francia, la Alternativa para Alemania, el frente que encabeza Geert Wilders en Holanda, y otros en Polonia, Austria, Hungría y los países escandinavos. La decepción de los triunfadores del referéndum está muy próxima y será muy grande en lo que concierne a la inmigración, cuando adviertan que su victoria no va a impedir, ni a disminuir un ápice, la llegada de los temidos forasteros. No es la Unión Europea la que trae esas oleadas de inmigrantes a sus playas, sino la necesidad que tiene Gran Bretaña de ellos para proveer los trabajos que los ingleses ya no harían ni a la fuerza, y las leyes sociales que, con más generosidad que realismo, se dieron en épocas de bonanza para favorecer esa inmigración que parecía entonces tan necesaria».


Como escribía Katharine Viner en The Guardian, «Al final de una campaña que imperó en las noticias durante meses, se hizo súbitamente obvio que el bando ganador no tenía ningún plan relativo a cómo o cuándo el Reino Unido saldría de la UE, al mismo tiempo que las falaces afirmaciones que llevaron a la campaña a favor de abandonar la UE se venían bruscamente abajo. A las 6.31 de la mañana del viernes 24 de junio, aproximadamente una hora después de confirmarse el resultado del referéndum, Nigel Farage, cabecilla del UKIP, reconocía que en realidad un Reino Unido post-Brexit no dispondría de 350 millones de libras semanales disponibles para gastar en el Servicio Nacional de Salud (una alegación clave de los partidarios del Brexit que incluso blasonaba el autobús de la campaña). Unas horas más tarde, el diputado conservador del Parlamento Europeo Daniel Hannan declaraba que no era muy probable que la inmigración, otro alegato clave, fuera a disminuir. Los inquietantes hechos y preocupados expertos a favor de permanecer en la UE fueron marginados con el calificativo de “Proyecto temor” y neutralizados rápidamente con “hechos” contrapuestos: si 99 expertos decían que la economía se derrumbaría y uno discrepaba, la BBC nos decía que cada bando tenía su propia postura sobre la situación (un tremendo error con el que se consigue eclipsar la verdad, reflejo de cómo se está informando sobre el cambio climático). En Sky News, Michael Gove manifestó que “los ciudadanos de este país ya están hartos de tanto experto” y comparó a diez economistas galardonados con el Premio Nobel que firmaron una carta contra el Brexit con los científicos nazis leales a Hitler».


La resaca posterior al referéndum, como explicaba Íñigo Domínguez en El País, destapó la cruda realidad de las mentiras y promesas rotas acerca de todo lo maravilloso que se dijo que iba a suceder: «Los argumentos que llevaron a 17 millones de votantes a optar por abandonar la UE se han demostrado falsos. Una de las principales cruzadas de la campaña del Brexit fue denunciar que el Reino Unido enviaba cada semana 350 millones de libras a la UE (en realidad son 250, de los que habría que restar las ayudas recibidas de la UE); la promesa estrella, que incluso apareció en la publicidad de los autobuses, fue que al cerrar ese grifo se podrían destinar una buena parte, 100 millones, al Servicio Nacional de Salud. Pero la misma mañana del viernes, nada más despertarse con el resultado del referéndum, el propio Nigel Farage aseguró que él nunca había dicho eso y que se había tratado de un “error”. La otra gran promesa que ha arrastrado el voto del Brexit era la de instaurar un sistema de control migratorio que frenara en seco la llegada de todos los ciudadanos de la UE, sin tener en cuenta que no se puede tener libre acceso al mercado único comunitario sin aceptar también la libre circulación de ciudadanos; y los negocios siguen siendo la prioridad, porque el 44 % de las exportaciones británicas van a la UE».


Las mentiras de Nigel Farage sobre el Servicio Nacional de Salud y los inmigrantes son doblemente sangrantes pues, como explicaba María R. Sahuquillo en El País, «el 62 % de los inmigrantes de Europa occidental llega con un título universitario, en comparación con el 24 % de la población activa británica. En el Servicio Nacional de Salud británico hay unos 130 000 profesionales sanitarios procedentes de países de la UE, que suponen alrededor del 10 % de sus médicos y más del 4 % de sus enfermeras, con lo que es más probable tener a un ciudadano de la UE atendiendo que recibiendo asistencia en la sanidad pública. En el caso de la salida del Reino Unido de la UE y el cambio de las condiciones laborales, la sanidad pública podría tener un déficit de personal de unos 50 000 profesionales sanitarios. La salida de la UE trae, además, otra circunstancia para Reino Unido: si no se acuerda lo contrario, sus nacionales perderán el derecho a ser atendidos sin cargo directo a sus bolsillos en los países de la UE. El Servicio Nacional de Salud se nutre de Europa, y no sólo de profesionales, sino también de fondos, ayudas para la investigación o redes médicas europeas. La desvinculación de la UE tendrá un impacto en la investigación de los centros sanitarios públicos, que reciben cientos de millones para proyectos de innovación, desarrollo y análisis (sólo el año pasado, el programa Horizonte aportó unos 232 millones de libras a centros como el Hospital Universitario de Birmingham o el hospital infantil Great Ormond Street)».


Sobre esta cuestión avisaba asimismo, como relataba Pablo Sempere en Cinco Días, «Una carta de los responsables de 35 colegios de la Universidad de Oxford que instaba a los diputados británicos a proteger los derechos de los comunitarios que residen en el Reino Unido una vez que se active el Brexit. En la misiva, los directivos exigen a los congresistas de todos los partidos que respalden las enmiendas y les alertan de que la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo, “sufriría un enorme daño si sus docentes, investigadores, alumnos y personal académico comunitario perdiesen su derecho a trabajar y estudiar en el país”. Precisamente, la Universidad de Oxford abrirá a finales de 2018 su primer campus fuera del Reino Unido, en París, para hacer frente a la más que posible pérdida de financiación europea una vez se consume la salida de la Unión. “El prestigio de los centros académicos británicos está íntimamente ligado a su internacionalización. Hoy, más de 125 000 estudiantes de las universidades del Reino Unido son de otros países de la UE y cerca de un 15 % del profesorado es europeo. Además, la investigación ya no se hace por países, sino que es internacional”, resume la directora de educación del British Council, Carolina Jiménez».

Y no es de extrañar que demagogos como Boris Johnson, Nigel Farage, Michael Gove, etc. se hayan «llevado al huerto» a sus conciudadanos cuando su reputada cadena pública realiza una cobertura tan lamentable durante la campaña del referéndum: como razonaba Charles Grant, «la BBC hizo lo correcto al conceder protagonismo y tiempo a las dos partes por igual, pero no cumplió con su obligación de informar y educar. Por miedo a que se pudiera pensar que estaba a favor de la UE, hizo lo imposible por no conducirse de un modo que pudiera interpretarse en tal sentido. Cuando veteranos periodistas entrevistaban a partidarios de marcharse que decían mentiras, no se cuestionaban esos comentarios, debido en parte a una general carencia de conocimientos sobre la UE por parte de muchos y conocidos presentadores y entrevistadores de la BBC. Dominic Cummings y Matthew Elliott, dos activistas políticos sumamente experimentados, dirigieron la campaña que abogaba por marcharse, diciendo e imprimiendo a sabiendas cosas que no eran ciertas: mitos tales como el pago de 350 millones de libras semanales de Reino Unido a Bruselas o el inminente acceso de Turquía a la UE. Abusaron del hecho de que, en la publicidad política, a diferencia de la comercial, no hay sanciones por falsedad. Consiguieron que la campaña se viera como una batalla de la gente contra las élites y a nadie pareció importarle que Boris Johnson se haya educado en Eton y en Oxford, Michael Gove en Oxford y Nigel Farage en Dulwich College. Los partidarios de quedarse citaron a los muchos expertos que dijeron que Reino Unido estaría mejor dentro; sin embargo, cada vez que lo hacían, se reforzaba el argumento de los partidarios de marcharse sobre su condescendencia con la gente corriente. La hostilidad hacia las élites se ha convertido en una fuerza poderosa, no sólo en Europa sino también en los EE. UU.»


Esa es otra posible razón de que la democracia más antigua del mundo se dejara engañar de esa manera: la ignorancia reinante en el Reino Unido sobre el significado y el funcionamiento de la Unión Europea, como explicaba Kathleen R. McNamara en Foreign Affairs: «Por desgracia, da la impresión de que muchos votantes británicos no tienen ni idea de lo que es la UE. La realidad es que no ha sido la reglamentación europea la que ha provocado los problemas socioeconómicos del Reino Unido, sino la propia dinámica política británica. Mientras que otros Estados de la Unión han tenido que hacer frente a inmigrantes sirios e iraquíes, el Reino Unido sólo ha recibido un pequeño número de solicitudes de asilo; y los estudios al respecto muestran que los inmigrantes pagan mucho más en impuestos de lo que reciben en prestaciones. De hecho, las zonas con mayor número de extranjeros, regiones ya integradas en un mundo nuevo cosmopolita, votaron abrumadoramente a favor de permanecer en la UE». En el semanario satírico francés Charlie Hebdo contaban lo mismo a su manera: «Llevamos años viendo cómo genios de la talla de Boris Johnson nos explican solemnemente cómo Bruselas regula el tamaño de los plátanos» y aprovechaban para hurgar en la herida y barrer para casa: «Si nos fijamos en el éxito del discurso abiertamente racista de Trump en los EE. UU., es inevitable pensar que el fracaso del modelo anglosajón para lidiar con la inmigración todavía no ha tocado fondo. Sabemos que nuestras élites a veces no dicen más que estupideces, pero el pueblo no le va a la zaga: fue ese fabuloso “pueblo” el que quemó libros en el Berlín de los años treinta porque los autores eran judíos; al final de la II Guerra Mundial en Francia, ¿quién se dedicó a rapar en público las cabezas de las mujeres que se habían acostado con soldados alemanes? Sí, eso es, de nuevo ese maravilloso “pueblo”. Así pues, ya podemos colocar este voto del “pueblo” británico para salir de Europa en el mismo cajón junto con el resto de manifestaciones de miedo y odio. Ya que quieren volver a ser forasteros del resto de Europa, ¿deberíamos cerrar el Eurotúnel? Así, cuando quieran visitar el Continente, tendrán que subirse a botes inflables y cruzar remando el estrecho; una vez en Calais, les ofreceremos café caliente y mantas, los voluntarios se ocuparán de ellos, los clasificarán y los trasladarán a centros de acogida para refugiados no deseados; así se sentirán como en casa».


John Carlin en El País fue algo más duro con sus compatriotas: «Los hooligans ofrecen una caricatura grotesca de cómo más de la mitad de sus compatriotas se relacionan con el resto del mundo (en el caso concreto del referéndum, con desdén, desconfianza, ignorancia y una absurda nostalgia imperial más una lamentable falta de respeto y cero sentido de responsabilidad). Los políticos que hicieron campaña a favor del Brexit no dudaron en apelar a las tendencias xenófobas que laten en las mentes y los corazones de los ingleses desde su infancia. Para los que votaron por el Brexit, el populismo barato de Boris Johnson, Nigel Farage y compañía fue lo que la cerveza es para los hooligans: los idiotizó, los envalentonó y les sacó lo peor de sí. Por el contrario, a los escoceses no se los adoctrina con sentimientos xenófobos desde una temprana edad; además, su sistema de educación estatal es, como bien sabe el exministro Michael Gove, muy superior al inglés. Los escoceses poseen en mayor abundancia que los ingleses las facultades mentales necesarias para saber distinguir entre los predicadores farsantes y los sinceros. La historia dirá que una panda de idiotas decidió el destino de la democracia parlamentaria más antigua del mundo; un país definido a lo largo del siglo xx por la tolerancia y el sentido común se identifica hoy ante el mundo por la mezquina insularidad, la confusión ideológica y la paranoia nacionalista».


Realmente resultan sorprendentes estas acusaciones de xenofobia contra el Reino Unido, hasta que leemos relatos como el de Georgina Fernández Villanueva en La Voz de Asturias: «La sociedad británica no es tan tolerante como la pintan. Los niños no paran de llamarse los unos a los otros “negratas”, “pakis” y “polacos de mierda”, y tienen grabadas a fuego frases como “Mi padre dice que tu padre roba ayudas sociales y que vinisteis aquí para robarnos el trabajo y las viviendas sociales; vete a tu puto país”. Lo mismo ocurre con los adultos y acusaciones como “Los tuyos vienen aquí a robarnos el trabajo, violar y robar”. Se les olvida que no tienen suficiente población indígena para cubrir ciertas profesiones: idiomas, sanidad, educación, ingeniería. Paradójicamente, mientras algunos celebran su particular día de la independencia con la esperanza de conseguir el trabajo que se les había negado debido a la fuerte competencia inmigrante, esos sectores siguen plagados de extranjeros trabajando turnos de 12 horas por falta de personal cualificado. Las 700 libras al mes de contribución de un autónomo extranjero son suficientes para pagar el paro de nueve británicos mayores de 25 años durante una semana, la misma gente que podría estar recogiendo fruta, basura o trabajando en McDonald’s, pero claro, esos empleos se los roban los polacos». También detalla algo más los problemas educativos de Inglaterra: «Con las políticas educativas de Michael Gove, los programas escolares se parecen cada vez más a los de educación especial: geometría y cálculo básico a los 15 años, y ciencias sociales como economía, filosofía, ética o nociones básicas de política que brillan por su ausencia; es como si estuviesen intentando aborregar a la población. Pero el país ha votado de acuerdo con los deseos de estos depredadores de servicios públicos al grito de “¡Que vienen los turcos!”». O como el de Íñigo Domínguez en El País: «El resultado del referéndum en el Reino Unido, a favor de abandonar la UE, ha desactivado algún mecanismo inhibidor de las expresiones de racismo; y cuando empieza la barbarie, ya no sabes qué va a pasar. La noche del viernes, en un supermercado de Gloucester, un tipo preguntaba a gritos, uno por uno, a quienes estaban en la fila si eran ingleses: “¡Esto ahora es Inglaterra, los extranjeros tenéis 48 horas para salir de aquí! ¿Quién es extranjero aquí? ¿Eres español? ¿Italiano? ¿Rumano?” Los tabloides sensacionalistas [sic], que han agitado estos años los peores instintos contra la inmigración, carecen del criterio objetivo necesario para publicar noticias como ésta».

El clima político en el Reino Unido se enrareció de forma drástica después del referéndum. Y el gobierno de May es, en gran parte, responsable. La ministra del Interior, Amber Rudd, quiso obligar a las empresas a elaborar listas con sus empleados no británicos. El de Sanidad dijo que el personal sanitario de otros países sólo tenía su puesto asegurado hasta que hubiera suficientes británicos formados para sustituirlos. En ambos casos, el ejecutivo dio marcha atrás ante las protestas, pero un soplo de xenofobia se ha extendido por el país.


Cristina García, según relataba Patricia Ruiz en El Diario, lo sufrió en sus propias carnes: «“Mi madre me llamó por teléfono y charlamos sobre cómo nos había ido el día”. Iba distraída cuando un frenazo la sobresaltó lo suficiente como para pensar que habían tenido un accidente. Pero no. “El conductor paró el bus y salió de la cabina para decirme chillando que si quería seguir hablando ‘en mi idioma de mierda’ me subiera a la planta de arriba. Hay un clima de tensión desde entonces, y a mí esto no me había pasado nunca antes en los dos años que llevo viviendo aquí en Londres”. La policía británica ha denunciado un incremento del 57 % en los incidentes racistas durante los cuatro primeros días del anuncio de la victoria del Brexit. Saben que están relacionados con el voto del Brexit porque los agresores dicen cosas como “hemos votado para que te vayas”. Varios restaurantes españoles y turcos amanecieron en el barrio londinense de Lewisham con los ventanales rotos a pedradas, mientras que la Asociación Social y Cultural Polaca de Hammersmith aparecía con varias pintadas xenófobas que decían “no más parásitos polacos, dejad la Unión Europea” (¿?). En Hudington, donde la comunidad polaca es amplia, varios vecinos aseguraron haber recibido cartas en sus buzones con amenazas racistas. El racismo en el Reino Unido estaba presente bajo la superficie, ha ido cobrando fuerza gracias al discurso de algunos partidos durante la campaña y se ha sentido legitimado tras la victoria del Brexit. Lo único diferente tras el referéndum es que antes alguien gritaba algo y salía corriendo, pero ahora no parece tener problema en acercarse públicamente para acosar. Los políticos deberían aceptar su papel en la creación de un clima que ha podido alimentar este tipo de actitudes».

Hay incluso quien se ve obligada a escribir de forma anónima que «Por vez primera en 18 años, no me siento bienvenida en Gran Bretaña. Es indudable que el país se ha visto beneficiado por el carácter internacional de su mano de obra. Si quieren competir internacionalmente, las universidades del Reino Unido han de atraer a los mejores talentos, dondequiera que se encuentren. El éxito en las clasificaciones internacionales depende de su capacidad de hacer exactamente eso. Si el Reino Unido vota a favor de la salida, se convertirá en un país menos atractivo no sólo para los ciudadanos de la UE, sino para los mejores y más brillantes de todo el mundo. Por ejemplo, muchos compañeros nacidos en los EE. UU. me han confesado que una de las razones por las que se asentaron en el Reino Unido fue que su permiso de residencia indefinido les daba acceso a la UE. Se nos está acusando por la situación de servicios públicos como la salud, la vivienda o la educación, además de por presionar los salarios a la baja, aun cuando los verdaderos responsables los tienen en su propia casa: infrainversión crónica, mala planificación, gobernanza ineficaz y normativas laborales diluidas. Me han dicho que “No se trata de personas como tú, son los otros”. Al parecer, soy una extranjera “útil”. ¿Pero quiénes son esos “otros” de los que hablan? ¿Los fontaneros polacos? ¿Los temporeros lituanos? ¿Los enfermeros españoles? ¿Los médicos griegos? ¿O son los turistas de prestaciones sociales, esas criaturas míticas que, como el monstruo del lago Ness, nunca han sido vistos, pero estamos seguros de que existen, a la vista de cuánto se habla de ellos?».


Y estas acusaciones de racismo, xenofobia e intolerancia no proceden únicamente de inmigrantes como Georgina y Cristina, o periodistas extranjeros como Íñigo, sino también de ciudadanos del Reino Unido, como Aditya Chakrabortty, comentarista jefe de noticias económicas de The Guardian: «En Huntingdon, unos colegiales de origen polaco recibieron tarjetas en las que se los llamaba “alimañas” y se los conminaba a que “se marcharan de la UE” (¿?). No es ninguna coincidencia: es lo que ocurre cuando ministros del gabinete, dirigentes de partidos y aspirantes a primer ministro esparcen argumentos envenenados de racismo; cuando no sólo se tolera la intolerancia, sino que se consiente y se alienta. En beneficio de su campaña y su carrera, estos profesionales de la política añadieron el fanatismo a su arsenal de armamento político. Durante los últimos meses, las personas en cuyas manos está ahora el destino de Gran Bretaña fuera de la UE se deshicieron sin ningún complejo de la moral pública y decidieron que no pasa nada por ser racista».


También reportero de The Guardian, pero en este caso escribiendo para la revista Vice, Mark Wilding opina que «Algo cambió en Gran Bretaña después del referéndum: el país ha sido testigo de lo que en ocasiones parecía un estallido de odio. En Tunbridge Wells se han recibido cartas anónimas invitando a sus destinatarios a “marcharse de vuelta a Polonia cagando leches”. A una mujer alemana le llenaron la puerta de excrementos de perro y sus vecinos le dijeron que ya no era bienvenida allí. Una madre británica de origen asiático fue agredida físicamente cuando llevaba a su hijo al colegio en el Gran Mánchester por un hombre que le espetó: “He votado para que te marches; ¿qué estás haciendo aquí todavía?”. Sería fácil caer en la tentación de calificar estos incidentes de “aislados”, pero las pruebas van más allá de lo anecdótico. En la semana alrededor al referéndum, la policía recibió 3000 denuncias por crímenes motivados por el odio, un 42 % más que en el mismo período del año anterior. Mark Hamilton, director del Consejo Nacional de Jefes de Policía (National Police Chiefs’ Council), ha descrito este aumento como “probablemente el peor repunte” registrado. No le cabe la menor duda de que la causa ha sido el referéndum. “Algunas personas se lo tomaron como un permiso para comportarse de manera racista o discriminatoria”, explicó al diario The Guardian. “El aumento de denuncias por crímenes motivados por el odio está estrechamente relacionado con la reacción del país con respecto al referéndum”. “La sociedad se envalentonó y sintió que más de la mitad del país compartía su ideología racista. No creo que el racismo sea un concepto nuevo en absoluto, pero las personas con esa inclinación se sienten ahora respaldadas por la mitad del país”. Una investigación sobre el aumento de comportamientos racistas y xenófobos en la estela del referéndum analizó 636 denuncias por crímenes motivados por el odio y llegó a la conclusión de que en el 51 % de los casos los autores mencionaron específicamente el referéndum en el transcurso de su agresión. En un incidente característico, un varón de mediana edad entró en un bar el día después de la votación y le dijo a una joven británica de origen asiático: “Hoy hemos votado para salir de Europa, pero deberíamos haber votado para echaros a todos de aquí. Nunca seréis británicos de verdad”. También parecía como si algunos votantes creyeran que el resultado del referéndum les había enviado el mensaje de que significaba una protesta contra cualquier tipo de inmigración. Una postura caracterizada por ese votante del Brexit fotografiado en Essex con una camiseta con el lema: “¡Hemos ganado! Ahora que se marchen”. Nuestros puntos de vista sobre la raza y la inmigración no han salido de la nada. En 2012, la actual primera ministra y por aquel entonces ministra de Interior Theresa May esbozó su propósito de crear “un entorno verdaderamente hostil para la inmigración ilegal”. Un año después, el Ministerio del Interior desplegó tres furgonetas publicitarias con este mensaje dirigido a los inmigrantes ilegales: “Vete a casa o te arriesgas a que te detengamos”. Liz Feteke, directora del Institute of Race Relations, afirmaba recientemente que “Si el concepto del ‘entorno hostil’ se integra en el discurso político, no es de extrañar que arraigue culturalmente”. En su informe, Priska Komoromi descubrió que aproximadamente uno de cada cuatro incidentes denunciados en las diferentes campañas de los medios sociales entrañaba agresiones verbales con las expresiones “vete a tu casa” o “márchate”. Carl Miller, director de investigación del “Centre for the Analysis of Social Media” de Demos, llevó a cabo recientemente un análisis de las actualizaciones de Twitter enviadas durante el referéndum. Pudo comprobar cómo los debates sobre inmigración, así como las actitudes xenófobas expresadas, repuntaron en las fechas cercanas a la votación. Entre el 19 de junio y el 1 de julio, Miller encontró 16 151 tuits con términos ligados a actitudes xenófobas o contra la inmigración. La mayor concentración de estas publicaciones se dio el mismo día del referéndum. Como ha puesto de manifiesto la campaña PostRefRacism, las víctimas de insultos y violencia también han utilizado Twitter para compartir sus experiencias. Miller encontró en esa plataforma 2413 denuncias de delitos motivados por el odio entre el 25 y el 29 de junio. Se da por sentado que el número de incidentes es muy superior al de denuncias. Las condiciones que pueden desencadenar un estallido de odio afloran inesperadamente».


Cifras similares aporta Matthew Weaver en The Guardian: «Durante los 38 días posteriores al referéndum se registraron 2300 ataques racistas en Londres, en comparación con los 1400 de los 38 días anteriores».

Y es que, como relataba Helen Pidd también desde The Guardian: «Ni siquiera hablar inglés supone una protección contra el fanatismo. El racismo explícito no es algo del pasado, y airear ideas racistas en público es socialmente aceptable. Para un extranjero, que te insulten por la calle, que te llamen “puto negro”, “perro negro”, “sucio perro”, que te digan que te vayas a tu casa, que te pinten la puerta de rojo como en una especie de preparación para una nueva versión de la noche de los Cristales Rotos, que te tiren huevos a las ventajas o te las rompan, tener miedo de abrirlas porque te pueden meter basura en casa, forma parte de la cultura inglesa tanto como la desmesura a la hora de pedir disculpas o la carne asada de los domingos».


La campaña antinmigración por parte de la prensa sensacionalista hizo subir los incidentes racistas y que mucha gente se sienta insegura, hasta el punto de evitar hablar su propio idioma por la calle, como relata Silvia González López en El País.

Segismundo Álvarez Royo-Villanova explicaba en El País estos brotes xenofóbicos en términos psicológicos: «Los seres tomamos decisiones con mecanismos elaborados en las sociedades primitivas, cuando la pertenencia al grupo era la única garantía de seguridad y supervivencia; por ello es tan fácil resucitar en cualquier momento el miedo al otro, el egoísmo grupal, el nacionalismo etnocéntrico y excluyente. El pensamiento primitivo funciona también desde el punto de vista económico: en sociedades con recursos limitados y una tecnología que no evoluciona, el sistema es de suma cero, es decir que lo que otro grupo o individuo gana es lo que mi tribu o yo perdemos. En una economía abierta de mercado como la actual, el intercambio y la innovación permiten que haya beneficios para todos y, por tanto, la entrada de nuevos trabajadores puede ser beneficiosa en general y el enriquecimiento de algunos no implica el empobrecimiento del resto. Desafortunadamente, para comprender esto es necesario hacer un esfuerzo intelectual, mientras que señalar a un culpable externo es algo que resuena inmediatamente en nuestro interior; por eso tiene tanto éxito el discurso político de “ellos” (los ricos, los extranjeros, la UE) contra “nosotros” (la gente, los españoles, los británicos de verdad); por eso la inmigración, que es un problema importante junto a otros muchos (la demografía, la educación, la mejora de las instituciones) se convierte en el eje de muchas campañas. No se puede luchar contra los que sostienen posturas irracionales tratando de acercase a ellas (tal como hizo la BBC), pues en ese campo de batalla gana siempre el más extremista o el más hábil en la propaganda, no el que tiene mejores razones. Todo esto no es aplicable únicamente a los políticos, pues los ciudadanos somos al final los protagonistas de la política y las elecciones; si no estamos dispuestos a implicarnos en la formación de opinión, en los movimientos sociales, en la denuncia de la corrupción, o incluso directamente en los partidos políticos, dejaremos que mañana nos gobiernen los que hoy nos parecen bufones».


Como muestra de la facilidad con la que se puede manipular a los votantes, podemos ver la encuesta de la empresa demoscópica Ipsos Mori en la que se pregunta a ciudadanos de 25 países cuáles son los asuntos que más les preocupan: reveló que en el Reino Unido lo que más preocupa es la inmigración (42 %). De los 25 estudiados, es el país donde mayor es la preocupación por el asunto, por encima de otros como Alemania, Suecia o incluso Turquía, mucho más afectados por la crisis de refugiados resultante del conflicto sirio.

Sin embargo, no es de extrañar que surjan esos brotes xenofóbicos cuando quienes albergan esos sentimientos de odio se ven legitimados por los mensajes de sus dirigentes. Cuando, como explicaba Gonzalo Fanjul en El País, «El argumentario de Theresa May, la flamante primera ministra del Reino Unido, es similar a la retórica abiertamente xenófoba de Nigel Farage y Marine Le Pen, si recordamos sus poco sutiles campañas contra los inmigrantes irregulares (“Vete a casa o te arriesgas a que te detengamos”). Como resumió Michael Ignatieff en una reciente entrevista en The New York Times, “Estamos viviendo una división ideológica entre las élites cosmopolitas, que ven la inmigración como un bien común basado en derechos universales, y los votantes, que la ven como un obsequio conferido a ciertos forasteros considerados merecedores de pertenecer a la comunidad”. La idea de que una comunidad establecida (el Reino Unido, España, Europa, Cataluña) sea soberana para decidir el acceso y la residencia de esos “forasteros” en su territorio puede parecernos una obviedad incontestable, pero no lo es. En la medida en que las restricciones a la movilidad determinan el derecho de otros al progreso, la educación, la salud o, sencillamente, la protección personal —derechos considerados universales—, se produce un conflicto entre ambas partes que no puede ser despachado simplemente con un “yo estaba aquí primero”. Aceptarlo supondría renunciar a los fundamentos que pusieron fin a la esclavitud o garantizaron el voto a las mujeres, porque no podemos conceder al pasaporte los privilegios que hemos negado a la raza o al sexo».

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